Este impacto sobre las vidas de decenas de miles de personas que viven en comunidades empobrecidas amenazadas por las prácticas de empresas extractivas o en el marco de desalojos forzados, se concreta en la amenaza a su derecho a la supervivencia al dificultarse el derecho al acceso a la salud, al agua limpia, a la vivienda y a la tierra y a su forma de vida.
Cuando las comunidades se organizan para defender estos derechos reciben amenazas, difamación e intimidaciones, especialmente contra los y las líderes que se oponen a estos proyectos, y estas amenazas e intimidaciones se concretan, muchas veces, finalmente, en muertes, uso excesivo de la fuerza, divisiones de la comunidad, criminalización de la protesta legítima, indefensión jurídica, y agresiones contra mujeres en desalojos forzados
(COPAE 28/09/2009)
