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domenica 12 febbraio 2012

579 - MINERÍA HA CONLLEVADO POBREZA, RUPTURA DEL TEJIDO SOCIAL, CONTAMINACIÓN Y SÓLO EL 0.6% DEL PIB

Un estudio sobre el costo-beneficio de la Mina Marlín, subsidiaria de la canadiense Gold Corp., elaborado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), reveló que la presencia del proyecto en Guatemala representa millonarias pérdidas para la población en comparación con las regalías; poco se sabe de otros proyectos mineros que multinacionales que tomaron impulso en el 2011 para ubicarlos en Santa Rosa y en el Litoral Pacífico.
El año pasado el debate mediático giró en torno a la extracción de hierro y otros minerales pesados en la mayor parte de extensión del Litoral Pacífico de Guatemala, a excepción de las zonas que abarcan las Áreas Protegidas pero que se verían afectadas severamente.
Desde el 20 de octubre de 2009, la empresa Tikal Minerals SA, subsidiaria de Mayan Iron Corp, obtuvo una licencia para buscar gravas, arenas, níquel, rutilo, magnetita, zircón, hematita, cromatita, cobalto y otras tierras raras, en una extensión que abarca dos municipios de Retalhuleu y Cuyotenango, Suchitepéquez; el permiso concluirá en el 2012.
Se estima que los yacimientos de Guatemala son de 100 mil millones de toneladas, un 12 por ciento de las reservas mundiales; el país podría producir 10 millones de toneladas anuales por un periodo de 20 años al excavar diez metros de profundidad, pero la sociedad guatemalteca sólo recibiría el 1 por ciento de las ganancias.
Las poblaciones de diversos municipios se han organizado para llevar a cabo consultas comunitarias, entre ellas la de San Rafael las Flores, Santa Rosa, como medida para incentivar la expresión de la ciudadanía y dar a conocer a las autoridades la opinión respecto a la implementación del Proyecto Minero Escobal, pero que oficialmente ha sido nombrado como Proyecto Minero el Oasis.
Otros 11 proyectos mineros pretenden ser instalados en Santa Rosa por corporaciones internacionales, los cuales podrían atentar contra la soberanía, el estado de derecho y la vigencia de las garantías fundamentales de las personas, de acuerdo con un análisis elaborado por la Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). (AC)
Centro de Etudios de Guatemala, 10-16 enero 2012