Amnistía Internacional presentó este viernes en Guatemala, el informe “La minería en Guatemala: Derechos en peligro”, en el que se advierte que el gobierno guatemalteco alimenta la llama del conflicto, al no consultar a las comunidades locales antes de otorgar licencias de minería a las empresas, con lo que incrementa el riesgo de que haya derramamiento de sangre.
Una delegación de Amnistía Internacional, integrada por su secretario general de la entidad en Canadá, Alex Neve; Sebastián Elgueta, investigador sobre Centroamérica, y Tara Scurr, responsable de campaña sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía, se encuentra en Guatemala.
El documento señala las importantes brechas en cuanto a la protección de las comunidades afectadas por proyectos mineros; la nueva legislación presentada por el gobierno guatemalteco no sólo no aborda la preocupación generalizada entre las comunidades indígenas y rurales por la falta de consulta, sino que incluye medidas que pueden agravar las tensiones existentes.
Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional, ha manifestado que la legislación propuesta esquiva de hecho las cuestiones que preocupan a las comunidades; no aborda de forma significativa la cuestión de la consulta; si se promulga, significaría esencialmente que las opiniones y preocupaciones de las comunidades sigan sin tenerse en cuenta; es una gran oportunidad perdida, ha dicho.
Las normas internacionales de derechos humanos establecen que es preciso consultar e informar adecuadamente a las personas que puedan verse afectadas por proyectos mineros, y que los proyectos que vayan a realizarse en las tierras de los pueblos indígenas no deben llevarse a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado de dichos pueblos, señala el documento.
“Analizar las consecuencias de un proyecto minero lleva tiempo, y 10 días para responder a una solicitud de licencia no es un plazo realista para las comunidades que pueden verse afectadas y que, por tanto, necesitan examinar la propuesta con cuidado”, ha manifestado Guevara.
“Nos preocupa que la violencia que se ha vivido en el pasado continúe si no se introduce un proceso de consulta justo y equilibrado; también somos conscientes de que no se están respetando los derechos de los pueblos indígenas”, subrayó.
El gobierno guatemalteco debe garantizar que aplica y respeta legislación para facilitar el diálogo y la toma de decisiones entre las empresas mineras, las autoridades estatales y la población afectada; a las comunidades se les debe proporcionar información completa y objetiva sobre los beneficios y riesgos de la minería, de una manera clara y culturalmente adecuada, señaló Guevara.
Cerigua, 19/09/2014
Una delegación de Amnistía Internacional, integrada por su secretario general de la entidad en Canadá, Alex Neve; Sebastián Elgueta, investigador sobre Centroamérica, y Tara Scurr, responsable de campaña sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía, se encuentra en Guatemala.
El documento señala las importantes brechas en cuanto a la protección de las comunidades afectadas por proyectos mineros; la nueva legislación presentada por el gobierno guatemalteco no sólo no aborda la preocupación generalizada entre las comunidades indígenas y rurales por la falta de consulta, sino que incluye medidas que pueden agravar las tensiones existentes.
Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional, ha manifestado que la legislación propuesta esquiva de hecho las cuestiones que preocupan a las comunidades; no aborda de forma significativa la cuestión de la consulta; si se promulga, significaría esencialmente que las opiniones y preocupaciones de las comunidades sigan sin tenerse en cuenta; es una gran oportunidad perdida, ha dicho.
Las normas internacionales de derechos humanos establecen que es preciso consultar e informar adecuadamente a las personas que puedan verse afectadas por proyectos mineros, y que los proyectos que vayan a realizarse en las tierras de los pueblos indígenas no deben llevarse a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado de dichos pueblos, señala el documento.
“Analizar las consecuencias de un proyecto minero lleva tiempo, y 10 días para responder a una solicitud de licencia no es un plazo realista para las comunidades que pueden verse afectadas y que, por tanto, necesitan examinar la propuesta con cuidado”, ha manifestado Guevara.
“Nos preocupa que la violencia que se ha vivido en el pasado continúe si no se introduce un proceso de consulta justo y equilibrado; también somos conscientes de que no se están respetando los derechos de los pueblos indígenas”, subrayó.
El gobierno guatemalteco debe garantizar que aplica y respeta legislación para facilitar el diálogo y la toma de decisiones entre las empresas mineras, las autoridades estatales y la población afectada; a las comunidades se les debe proporcionar información completa y objetiva sobre los beneficios y riesgos de la minería, de una manera clara y culturalmente adecuada, señaló Guevara.
Cerigua, 19/09/2014
