Por todo esto y ante la negativa del señor Presidente de la República de Guatemala Ing. Álvaro Colom, a la solicitud de las comunidades del municipio de La Libertad cursada el pasado mes de noviembre del 2009, en donde se le convocó a una reunión abierta y masiva para exponer todas estas situaciones y necesidades de los problemas que estamos pasando, exigimos:
- Que se garantice a las comunidades su derecho a la vida, la protección de los pobladores y su desarrollo integral tal como lo establece' la Constitución Política de la República de Guatemala, en los artículos 1 y 2.
- El reconocimiento inmediato de las comunidades y pobladores que habitan en La Sierra Lacandón y La Laguna del Tigre, tal como lo establece el Artículo 14 inciso 1 del Convenio 169 de la alT, la permanencia perpetua de los pobladores en las tierras que tradicionalmente han ocupado y garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión sobre la tierra, desvinculándoles de los actores del crimen organizado y las grandes fincas ganaderas.
- Suspensión y anulación de licencias para megaproyectos hidroeléctricos, turísticos, mineros y de monocultivos, otorgadas sin consulta y proceso de información a las comunidades en violación del Artículo 15 del Convenio 169 de la alT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Código Municipal y la Ley de Descentralización del Poder.
- Ejercer el derecho de las comunidades en la participación de protección, regulación, utilización, administración y conservación de las áreas protegidas y los recursos naturales existentes en sus tierras como lo establece el Artículo 15, inciso 1 del Convenio 169 de la alT, hoy día ley de Guatemala.
- La suspensión inmediata de las amenazas, órdenes de desalojo de comunidades que habitan en la Laguna del Tigre y Sierra Lacandón. El cese inmediato de la presencia militar en los municipios de San Andrés y la Libertad y el retiro de los destacamentos militares de La Laguna del Tigre.
- Asimismo que se reconozca el derecho de resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución, como se establece en el Artículo 45 de la Constitución Política de la República y no criminalice a los y las líderes y comunidades que están en su legítimo derecho.
- Que se proporcione y garantice el cumplimiento de los derechos humanos económicos y sociales, sus derechos de participación política prevista en la ley de descentralización incluyendo la formación de Cocodes y Código Municipal, como lo establece y exige el Proceso de Paz y la Constitución Política de la República de Guatemala.
- Que se lleve una investigación de los desalojos en las comunidades La Colorada, El Florido, Centro I y demás comunidades desalojadas, para establecer las violaciones de derechos humanos y se garantice un resarcimiento de los daños y perjuicios causados a los comunitarios que fueron desalojados.
No podemos entender cómo es que el actual gobierno ha desechado propuestas internacionales para dar solución a los problemas de las áreas protegidas. Tampoco podemos entender cómo es que el Presidente Álvaro Colom se negó a hablar con la población de estas áreas para buscar soluciones conjuntas en el mes de noviembre del año 2009. Lo que si entendemos y sabemos las comunidades es que necesitamos de agua y tierra para sobrevivir y que quitarnos el agua y la tierra para entregársela a las compañías es igual que quitarnos el derecho a la vida.
iNo más concentraciones! iNo más reubicaciones! ¡No más desplazamientos y no más desalojos en Petén! PETEN TIERRA DE DESPLAZADOS Y DESPOJADOS; PRESENTES EN LA LUCHA, EN UNA MISMA CAUSA AYER, AHORA Y SIEMPRE Esta delegación conformará una comisión de verificación que pueda garantizar el debido proceso y seguimiento a lo expuesto por nuestras comunidades el día de hoy.
