Todos nosotros, firmantes de este Manifiesto y miembros de esta pequeña delegación representativa de nuestras comunidades, somos vecinos y vecinas de comunidades de la Laguna del Tigre, Ruta Bethel, Ruta Naranjo y Sierra Lacandón, que forman parte de los municipios San Andrés y La Libertad, en el departamento de Petén.
Nosotros y nuestras comunidades por nuestro medio nos estamos haciendo presentes hoy 10 de septiembre de 2010 ante el Congreso de la República para exponer ante personeros del gobierno de Álvaro Colom, ante la Comunidad Nacional e Internacional, lo siguiente:
Es por esto señores que no les debe ser dificil a ustedes entender que de una vez y por siempre queremos permanecer y vivir en las tierras que nos ha tocado colonizar y sobre las cuales tenemos sudor y sangre derramada, derechos adquiridos y que no estamos dispuestos a abandonar.
Es por esto que también ante el gobierno, ante la comunidad nacional y la comunidad internacional nos hemos juntado para denunciar lo siguiente:
1. Las políticas públicas del Estado guatemalteco de invisibilizar tanto la existencia de nuestras comunidades, como la resistencia de nuestros pueblos, en área la Laguna del Tigre, del municipio de San Andrés, la Sierra Lacandón y Ruta Bethel, del municipio de La Libertad ambas en el departamento de retén, de este modo tapando nuestra existencia, ocultan nuestros propios derechos tanto políticos, sociales, económicos, culturales, como los derechos humanos que amparan a las personas y alas comunidades.
2. Se nos está negando el derecho a nuestra propia tierra, trabajada por nosotros, se nos están negando nuestros derechos políticos, dado que a muchas de nuestras comunidades ni siquiera se les permite hacer construcciones de viviendas firmes, ni tener COCODES (consejos Comunitarios de Desarrollo), de segundo nivel, ni tener alcaldes auxiliares y por lo tanto tampoco se les permite poder desarrollar. Lo único que se les permite a miles de personas es sobrevivir hasta ser desalojadas o acarreadas a otros lugares.
3. Se ha negado y se nos está negando ahora por parte de las autoridades correspondientes tanto la participación política de nuestros pueblos como el reconocimiento jurídico de nuestras comunidades y los derechos a una vida digna con servicios de educación y salud.
4. Denunciamos la usurpación de nuestras tierras y la concentración de tierras destinadas al desarrollo de megaproyectos, así como a los grandes monocultivos y a la gran ganadería, estrechando cada día más las tierras disponibles para la sobrevivencia de la población del retén, desviando sus ríos y agotando los nacimientos de agua por medio de la perforación de pozos mecánicos, como es el caso de grandes plantaciones de Papaya en la Ruta Bethel y Áreá Central.
5. Denunciamos as! ante el Estado Guatemalteco las mega-plantaciones de Teca que cubren una gran parte del municipio de La Libertad y el agotamiento de la laguna La Gloria y de Las Cuaches, siempre en el municipio de La Libertad, así como las grandes siembras de palma africana, en otras áreas del departamento del Petén.
6. Ninguna de nuestras comunidades ha sido oficialmente informada de la instalación de ningún megaproyecto y mucho menos ninguna de nuestras comunidades ha sido consultada para establecer el desarrollo de los mismos. Es de este modo que en las comunidades en donde nosotros vivimos, el Estado y las empresas, violan de manera total los derechos de nuestros pueblos y comunidades a la información, así como el derecho de nuestros pueblos y comunidades a ser consultados por los proyectos que de forma directa o indirecta les van a afectar y queriéndonos obligar a cambiar nuestras vidas, violentando nuestra dignidad. El derecho al acceso a la información y a la consulta en este momento son ley en el Estado de Guatemala.
7. Denunciamos la implementación de los megaproyectos como son el 4 Balam, la implementación de proyectos de infraestructura, como es la carretera desde el Ceibo a Flores, así como la realización de 5 proyectos hidroeléctricos sobre el río Usumacinta que determinarán las aguas del río La Pasión, las concesiones petroleras y mineras realizadas tanto en el municipio de San Andrés como en La Libertad, Petén.
8. Estábamos ya viviendo y asentados en la Sierra Lacandón y en la Laguna del Tigre cuando ni informados ni consultados el gobierno estableció la Ley de Áreas Protegidas, actualmente ni siquiera se nos permite plantear, participar como población, ni como comunidades, en la administración y desarrollo de esas áreas protegidas, cosa que contempla la misma ley, la única opción que se nos da es la de abandonar nuestras tierras.
9. Nos preocupa de sobremanera la Ley de Inamovilidad de la Finca 292, Petén, la cual tiene cobertura en 5 municipios y específicamente en las Áreas de Amortiguamientos de la Libertad, ya que en la mayoría de nuestras comunidades se está buscando la legalización de la tierra y esto impide y paraliza el proceso de certeza jurídica de nuestras tierras.
10. Denunciamos los desalojos forzosos realizados en las comunidades La Colorada, San Andrés, El Florido y Centro I de La Libertad y San Andrés, así como la falta de seguimiento por parte de las autoridades en caso de seguir el debido proceso que marca la ley. Estos desalojos se han realizado sin agotar las posibilidades de dialogo con la población y sin tener previsto la reubicación de estas comunidades como lo señala la ley. Es decir se desalojo violentamente y dejaron tirada por todas partes, sin ningún tipo de asistencia y sin ninguna entrega de tierra a la comunidad desalojada.
11. Asimismo denunciamos también las amenazas publicas de desalojo en contra las 37 comunidades de la Laguna del Tigre, efectuadas por el presidente de la República Álvaro Colom, el día 23 de julio del año 2010 en Santa Elena, Petén.
12. Dentro de estas declaraciones se acusa a las 37 comunidades que pueblan la Laguna del Tigre de daños al medio ambiente, se les califica como población invasora, al mismo tiempo que se prolongan los contratos de explotación a la compañía petrolera Perenco, que esta perforando sus pozos, en la zona central del área protegida y causando daños irreparables al medio ambiente.
13. Denunciamos el despliegue, anunciado para el próximo 15 de septiembre, del Ejército para tareas de seguridad pública y así como la militarización de los municipios de la Libertad y San Andrés, así como la criminalización de las comunidades de La Laguna del Tigre, vinculando a los comunitarios con los dueños de las grandes fincas ganaderas y actores del crimen organizado, que se han podido establecer en el área gracias a la complacencia del Ejército que resguarda el acceso a la zona, ya que se encuentran administrando el ferry, en el río San Pedro.
