Al tiempo que el Gobierno ha prolongado el contrato de extracción petrolera en el Parque Natural de Laguna del Tigre, ha anunciado su decisión de emprender desalojos en el área y de abrir seis nuevos destacamentos militares que, según las autoridades gubernamentales, servirán para la protección del medio ambiente y el combate contra el narcotráfico. El desarrollo socio económico ha sido el factor que el Presidente ha destacado públicamente para dar su respaldo a la prórroga de la extracción petrolera por los próximos 15 años en el interior del área protegida.
Según las comunidades allí presentes y organizaciones de derechos humanos guatemaltecas, no existe confianza social en que la prolongación del contrato de extracción petrolera conlleve un desarrollo socio económico para la población. Expresan su disgusto por la falta de información, conocimiento y participación social en las decisiones relativas al impulso de megaproyectos y manifiestan su preocupación porque la prolongación del contrato de extracción petrolera y las medidas anunciadas por el Presidente Colom conlleven agresiones a la tierra, violencia, desplazamientos de población obligatorios y un mayor despojo de tierras, en lugar de desarrollo. En particular han manifestado su temor sobre el desalojo de las 37 comunidades localizadas en el Sector Laguna del Tigre (San Andrés, Petén).
En una audiencia en el Congreso de la República el día 10 de septiembre, donde las comunidades del Petén lograron exponer sus preocupaciones y demandas ante diversas autoridades públicas, algunos Ministros destacaron su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo de prolongar el contrato a la empresa Perenco. Asimismo, los Ministros de Gobernación y de la Defensa manifestaron el compromiso de no llevar a cabo desalojos de las comunidades asentadas en la Laguna del Tigre. Explicaron que las órdenes de desalojo se referían exclusivamente al ganado vacuno y a personas involucradas en actividades del narcotráfico.
Sin embargo, la población comunitaria mantiene el temor de ser finalmente desalojada de forma violenta, dados los precedentes de desalojo de otras comunidades en el área, y debido a que en años anteriores autoridades gubernamentales han sugerido su vinculación con el narcotráfico, lo cual no ha sido fundamentado y ha sido negado por comunidades de la Laguna del Tigre y muy cuestionado por organizaciones sociales guatemaltecas.
PBI quiere expresar mediante esta Alerta, su profunda preocupación por el conflicto generado en la Laguna del Tigre en el marco de la prolongación no consultada del contrato petrolero, y por las tensiones y temores generados en las comunidades allí residentes con los anuncios de desalojo por parte de autoridades gubernamentales y la apertura de más destacamentos militares.
Queremos también llamar la atención sobre los riesgos para la seguridad y el goce de los derechos humanos que los desalojos anunciados por el Gobierno pueden conllevar para las 37 comunidades del área, así como para la integridad de quienes, pública y activamente, defienden y promueven el cumplimiento de los derechos humanos.
Por ello le solicitamos, que mantenga atención al desarrollo de los acontecimientos en las comunidades de La Libertad y San Andrés, con especial atención a la Laguna del Tigre.
Asimismo, ANIMAMOS a la Comunidad Internacional a acercarse activamente a los defensores y las defensoras de derechos humanos, a las organizaciones, comunidades y otras expresiones sociales guatemaltecas, con el objetivo de ofrecerles apoyo y protección en el marco de las Directrices de la Unión Europea para la protección de defensores de derechos humanos, y de otros instrumentos y mecanismos internacionales existentes para tal fin.
Atentamente,
El Proyecto de PBI Guatemala
.
Alerta es un envío no periódico del proyecto de PBI Guatemala que pretende destacar situaciones violatorias o preocupantes sobre el respeto a los derechos humanos en Guatemala desde una visión no injerente, no violenta y no partidaria. Esta hoja informativa se distribuye a personas, organizaciones e instituciones que expresan su respaldo al proyecto de PBI en Guatemala.
ALERTA, Septiembre 2010