Los pésimos servicios de energía eléctrica ofrecidos por la empresa española Unión Fenosa han generado innumerables conflictos y muertes en Guatemala. Hace dos días, cinco personas fueron asesinadas en los municipios de Ocós y San Pablo, departamento de San Marcos. En menos de tres meses el conflicto contra la privatización de la energía ya mató a siete personas, solamente en San Marcos.
Carlos Noel Maldonado Barrios, de 60 años, Leonardo Maldonado, de 78 años y Ana María Lorenzo Escobar, de 40, fueron muertos en el municipio de Ocós después de ser atacados por luchar contra la privatización de la energía eléctrica y los pésimos servicios ofrecidos por la empresa española responsable de la distribución de energía. Los tres eran dirigentes de la comunidad de Limoncitos y batallaban por la nacionalización de la energía y en defensa del agua y de los derechos del pueblo.
En San Pablo, dos personas fueron asesinadas al intentar impedir que supuestos trabajadores de la Distribuidora del Occidente (DEOCSA) robaran transformadores de energía. Después del enfrentamiento con las fuerzas militares del país se registraron dos muertes. Hasta ayer (23), sólo Santiago Gamboa había sido identificado.
De acuerdo con informaciones del Consejo de los Pueblos de Occidente, en menos de tres meses siete personas fueron asesinadas, solamente en San Marcos, por luchar contra los pésimos servicios de energía eléctrica ofrecidos a la población guatemalteca. La Plataforma Agraria actualizó el número y afirma que nueve personas fueron asesinadas. Desde el comienzo de los conflictos ninguna investigación se abrió para esclarecer las muertes y castigar a los responsables de las pérdidas humanas y materiales.
Organizaciones sociales del país acusan al gobierno de Álvaro Arzú de entregar la energía eléctrica de Guatemala a la Unión Fenosa y lamentan que las autoridades no estén a favor del pueblo, sino en su contra. "¿Hasta cuándo el gobierno, los diputados y los jueces, en lugar de escuchar los reclamos legítimos de los pueblos, seguirán comprometiendo nuestra soberanía nacional a empresas transnacionales, operando en favor de los intereses de la oligarquía nacional y permitiendo la criminalización de las luchas sociales?", cuestiona el Consejo de los Pueblos de Occidente.
A fin de terminar los conflictos, garantizar los derechos de la población guatemalteca y evitar más muertes, el Consejo de los Pueblos del Occidente demanda al poder público, con carácter de urgencia, la nacionalización de la energía eléctrica en Guatemala. Exige también que sea cumplido de inmediato el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las recomendaciones de las Naciones Unidas, que solicitan la suspensión de las actividades mineras en el país y la anulación de todas las licencias o concesiones en el territorio nacional aprobadas sin el consentimiento de la población.
Para fortalecer esta lucha, la Plataforma Agraria está sumando esfuerzos con otras organizaciones sociales de Guatemala a fin de denunciar y condenar las acciones antipopulares del gobierno de Álvaro Arzú. La Plataforma exige al Ministerio Público (MP) que tome la iniciativa de investigar los ataques contra dirigentes sociales.
Natasha Pitts 24.03.10 Adital
