En el último informe divulgado por el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) los números expresan bien la situación a la que está expuesta la práctica sindical en ese país. De acuerdo con el relevamiento, entre 2007 y enero de 2010, 42 sindicalistas fueron asesinados. De los cuales, 38 pertenecían al MSICG. Los otros cuatro, según el documento, eran dirigentes sindicales y campesinos.
"Los actos de violencia y demás violaciones a los derechos humanos vinculadas al ejercicio de la libertad sindical en el período comprendido entre el año de 2007 y enero de 2010 tuvo un impacto casi exclusivo (más del 90%) en las organizaciones que forman el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG)", destaca.
A pesar de que los asesinatos y persecuciones a los líderes sindicales han empeorado en Guatemala después de 2007, en los años anteriores la situación no era muy diferente. Según el informe -referente al período comprendido entre 2005 y enero de 2007-, en 2005, se registran 12 casos de violencia contra sindicalistas y defensores de derechos humanos sindicales. En 2006, 13 acciones relacionadas con la intimidación y amenazas; y en 2007, 14.
A partir del 2008, no sólo los números, sino las formas de violencia también aumentaron. "Durante el año 2008, se produjeron 16 incidentes, se ampliaron las formas de violencia a otras formas además de amenazas e intimidaciones, tales como detenciones ilegales, invasiones de sedes sindicales, invasiones y ataques de residencias de dirigentes sindicales y persecuciones", afirma.
Además, las violaciones a los derechos sindicales en Guatemala, de acuerdo con el informe del Movimiento, están fuertemente marcadas por la impunidad. "Hasta la fecha de presentación de este informe, en ninguno de los casos relacionados con violencia antisindical citados, no fue definido, procesado ni sentenciado ninguno de los autores materiales e intelectuales, por lo tanto, se puede decir que el 100% de los casos se encuentran impunes", revela.
El informe destaca además que la mayoría de los asesinatos de sindicalistas ocurrió poco después del comienzo de la realización de actividades en busca del cumplimiento de los derechos laborales y sindicales. Resalta también que el 31% de los dirigentes muertos pertenecían al sector público -o sea, eran empleados del Estado guatemalteco- y que, en por lo menos el 23% de los casos, existió la participación de fuerzas de seguridad del Estado.
"Resulta por demás preocupante que, ante los graves hechos que involucran una violación sistemática de los derechos humanos en función de la limitación de las condiciones para el ejercicio de la libertad sindical, el Estado de Guatemala adopte una posición que, lejos de ser reflexiva y de búsqueda de soluciones, opte por la descalificación de los interlocutores sociales y, sobre todo, que tal actitud, en el marco internacional, resulte peligrosamente coincidente con la focalización a nivel nacional de la violencia y ataques contra el MSICG y sus organizaciones miembros", considera.
Adital 9/04/2010
"Los actos de violencia y demás violaciones a los derechos humanos vinculadas al ejercicio de la libertad sindical en el período comprendido entre el año de 2007 y enero de 2010 tuvo un impacto casi exclusivo (más del 90%) en las organizaciones que forman el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG)", destaca.
A pesar de que los asesinatos y persecuciones a los líderes sindicales han empeorado en Guatemala después de 2007, en los años anteriores la situación no era muy diferente. Según el informe -referente al período comprendido entre 2005 y enero de 2007-, en 2005, se registran 12 casos de violencia contra sindicalistas y defensores de derechos humanos sindicales. En 2006, 13 acciones relacionadas con la intimidación y amenazas; y en 2007, 14.
A partir del 2008, no sólo los números, sino las formas de violencia también aumentaron. "Durante el año 2008, se produjeron 16 incidentes, se ampliaron las formas de violencia a otras formas además de amenazas e intimidaciones, tales como detenciones ilegales, invasiones de sedes sindicales, invasiones y ataques de residencias de dirigentes sindicales y persecuciones", afirma.
Además, las violaciones a los derechos sindicales en Guatemala, de acuerdo con el informe del Movimiento, están fuertemente marcadas por la impunidad. "Hasta la fecha de presentación de este informe, en ninguno de los casos relacionados con violencia antisindical citados, no fue definido, procesado ni sentenciado ninguno de los autores materiales e intelectuales, por lo tanto, se puede decir que el 100% de los casos se encuentran impunes", revela.
El informe destaca además que la mayoría de los asesinatos de sindicalistas ocurrió poco después del comienzo de la realización de actividades en busca del cumplimiento de los derechos laborales y sindicales. Resalta también que el 31% de los dirigentes muertos pertenecían al sector público -o sea, eran empleados del Estado guatemalteco- y que, en por lo menos el 23% de los casos, existió la participación de fuerzas de seguridad del Estado.
"Resulta por demás preocupante que, ante los graves hechos que involucran una violación sistemática de los derechos humanos en función de la limitación de las condiciones para el ejercicio de la libertad sindical, el Estado de Guatemala adopte una posición que, lejos de ser reflexiva y de búsqueda de soluciones, opte por la descalificación de los interlocutores sociales y, sobre todo, que tal actitud, en el marco internacional, resulte peligrosamente coincidente con la focalización a nivel nacional de la violencia y ataques contra el MSICG y sus organizaciones miembros", considera.
Adital 9/04/2010
