Ubicada en las inmediaciones del río Tzalá y Quivichil, en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, en el departamento de San Marcos, Guatemala, la mina Marlin I contiene oro y plata subterránea y a cielo abierto, y está en un área de 6 kilómetros cuadrados que abarca los territorios tradicionales de los pueblos mayas man y sipakapense.
Con la explotación de la mina, las comunidades del entorno reclaman que no son consultadas sobre las actividades, que causan serios efectos en la salud de la población y en las viviendas y contaminación en el medio ambiente. A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la suspensión cautelar temporaria de la mina Marlin, en mayo de 2010 ni la empresa Montana Exploradora de Guatemala S.A., subsidiaria de la transnacional canadiense Goldcorp Inc., ni el gobierno atendieron la decisión.
Por eso, después de casi un año de espera, las comunidades afectadas decidieron actuar y bloquearon los principales accesos a la mina. Representados por el Frente de Defensa Miguelense, los indígenas también están impulsando una campaña de recolección de firmas para denunciar al presidente del país, Álvaro Colom, los abusos cometidos por la empresa, los daños sufridos en las comunidades y la violación de derechos.
"Demandamos del Estado de Guatemala que (…) cumpla inmediatamente con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH (MC-260-07) que establecen la suspensión temporal de la mina Marlin", expresa el Frente. En la carta, los indígenas también denuncian actos de violencia promovidos por trabajadores de la minera y piden el respeto de la integridad física de las personas.
El Frente también pide a la CIDH que mantenga su vigilancia y también cita que la misma recomendación fue reforzada por el Relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, en el informe presentado en la Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el día 4 de marzo de este año. La carta finaliza expresando que se espera una respuesta del gobierno guatemalteco.
Cuando determinó la suspensión cautelar temporaria de la mina Marlin, la CIDH también pidió medidas de parte del gobierno para descontaminar las aguas de las comunidades indígenas y para garantizar la atención médica para los afectados por la contaminación.
El estudio del Relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas presenta observaciones sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala relacionados con los proyectos extractivos y otros proyectos realizados en sus territorios tradicionales.
El documento dice que "Guatemala atraviesa actualmente un clima de alta inestabilidad y conflictividad social en relación con las actividades empresariales en los territorios tradicionales de los pueblos indígenas, que tiene serios impactos sobre los derechos de los pueblos indígenas y pone en riesgo la gobernabilidad y desarrollo económico del país".
El estudio enumera los daños causados a la salud de la población y al medio ambiente, provocados por la contaminación, la pérdida de tierras indígenas y los daños en las propiedades y viviendas. Además, el relator cita la represión y la desconsideración de los actos de 'protesta social legítima' de los indígenas.
Para apoyar la causa de las comunidades y firmar la carta, ingrese a:http://www.salvalaselva.org/mailalert/685/solidaridad-con-indigenas-maya-detener-la-mina-marlin-en-guatemala
Para leer el informe completo del Relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, ingrese a:http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/docs/GuatemalaIP16th_AUV.pdf
Adital, 24/03/2011
Con la explotación de la mina, las comunidades del entorno reclaman que no son consultadas sobre las actividades, que causan serios efectos en la salud de la población y en las viviendas y contaminación en el medio ambiente. A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la suspensión cautelar temporaria de la mina Marlin, en mayo de 2010 ni la empresa Montana Exploradora de Guatemala S.A., subsidiaria de la transnacional canadiense Goldcorp Inc., ni el gobierno atendieron la decisión.
Por eso, después de casi un año de espera, las comunidades afectadas decidieron actuar y bloquearon los principales accesos a la mina. Representados por el Frente de Defensa Miguelense, los indígenas también están impulsando una campaña de recolección de firmas para denunciar al presidente del país, Álvaro Colom, los abusos cometidos por la empresa, los daños sufridos en las comunidades y la violación de derechos.
"Demandamos del Estado de Guatemala que (…) cumpla inmediatamente con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH (MC-260-07) que establecen la suspensión temporal de la mina Marlin", expresa el Frente. En la carta, los indígenas también denuncian actos de violencia promovidos por trabajadores de la minera y piden el respeto de la integridad física de las personas.
El Frente también pide a la CIDH que mantenga su vigilancia y también cita que la misma recomendación fue reforzada por el Relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, en el informe presentado en la Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el día 4 de marzo de este año. La carta finaliza expresando que se espera una respuesta del gobierno guatemalteco.
Cuando determinó la suspensión cautelar temporaria de la mina Marlin, la CIDH también pidió medidas de parte del gobierno para descontaminar las aguas de las comunidades indígenas y para garantizar la atención médica para los afectados por la contaminación.
El estudio del Relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas presenta observaciones sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala relacionados con los proyectos extractivos y otros proyectos realizados en sus territorios tradicionales.
El documento dice que "Guatemala atraviesa actualmente un clima de alta inestabilidad y conflictividad social en relación con las actividades empresariales en los territorios tradicionales de los pueblos indígenas, que tiene serios impactos sobre los derechos de los pueblos indígenas y pone en riesgo la gobernabilidad y desarrollo económico del país".
El estudio enumera los daños causados a la salud de la población y al medio ambiente, provocados por la contaminación, la pérdida de tierras indígenas y los daños en las propiedades y viviendas. Además, el relator cita la represión y la desconsideración de los actos de 'protesta social legítima' de los indígenas.
Para apoyar la causa de las comunidades y firmar la carta, ingrese a:http://www.salvalaselva.org/mailalert/685/solidaridad-con-indigenas-maya-detener-la-mina-marlin-en-guatemala
Para leer el informe completo del Relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, ingrese a:http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/docs/GuatemalaIP16th_AUV.pdf
Adital, 24/03/2011
