La violencia en Guatemala sigue a ritmo acelerado. Después de poco más de un mes de iniciado el año, organizaciones sociales especializadas en seguridad y defensa de los derechos humanos llaman la atención sobre el número de muertes, especialmente la crueldad y furia de las acciones violentas. Fue a partir de este cuadro de violencia que el Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad (FOSS) divulgó, este mes, un comunicado en que demanda el fortalecimiento de los sistemas de seguridad y justicia en el país.
La preocupación de las organizaciones no es injustificada. Un informe divulgado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) reveló que solamente en los primeros 15 días del año en curso ocurrieron 122 muertes violentas y 45 personas fueron heridas también en forma violenta. Las cifras preocupan todavía más si se analizan juntamente con el nivel de crueldad de las agresiones y el índice de impunidad de los acusados.
Cabe destacar que según informaciones del GAM, de enero 2008 a junio de 2010, el Ministerio de Gobernabilidad tuvo cinco administraciones diferentes y, ninguna consiguió disminuir significativamente la violencia e impedir el deterioro de la seguridad en el país.
"Más allá de fluctuaciones estadísticas, inquieta sobremanera la crueldad y saña con que se cometen los hechos, la tendencia al autoritarismo y al ejercicio de justicia por mano propia, así como los altos índices de impunidad, generada en buena medida por cuerpos paralelos que siguen actuando dentro y fuera de las estructuras del Estado”, destaca FOSS.
Por la situación descrita, el Foro pide a los poderes Ejecutivo y Judicial que implementen normas que garanticen la justicia y la seguridad en Guatemala, tales como: Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Ley de Armas y Municiones, Ley del Sistema Penitenciario, Ley de Fortalecimiento de la Persecución Penal y Ley contra la Delincuencia Organizada.
En la misma línea, recuerda la importancia de fortalecer el Ministerio Público y de avanzar en la Política Nacional de Seguridad y la Política Penal del Estado de Guatemala, así como en la reforma de la Policía Nacional Civil y demás sectores de seguridad.
Las demandas del Foro también son dirigidas al Congreso Nacional. En el comunicado, FOSS solicita a los legisladores la aprobación de las reformas: de la Ley Orgánica del Ministerio Público; de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad; de la Ley en materia de juzgamiento de las Denuncias; de la Ley contra el Enriquecimiento ilícito; y de otras normas del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y de la Justicia(ANASJ).
"El FOSS reconoce que la aprobación de la Ley de Servicios de Seguridad Privada y de la Ley de Extinción de Dominio, a fines del año pasado, son pasos fundamentales, pero aún insuficientes para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad y justicia en Guatemala”, destaca el comunicado.
Pero no todo en el comunicado son demandas. En el documento, el Foro también destaca el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) manifiesta satisfacción por la decisión del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) de renovar el mandato de la CICG en el país por dos años más.
"Reconocemos que la actuación de la Comisión ha sido y sigue siendo clave para el esclarecimiento de casos de alto impacto, con el fin de lograr, de conformidad con su mandato, la desarticulación de los mecanismos que generan la impunidad en Guatemala”, destaca.
Adital, 23/02/2011
La preocupación de las organizaciones no es injustificada. Un informe divulgado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) reveló que solamente en los primeros 15 días del año en curso ocurrieron 122 muertes violentas y 45 personas fueron heridas también en forma violenta. Las cifras preocupan todavía más si se analizan juntamente con el nivel de crueldad de las agresiones y el índice de impunidad de los acusados.
Cabe destacar que según informaciones del GAM, de enero 2008 a junio de 2010, el Ministerio de Gobernabilidad tuvo cinco administraciones diferentes y, ninguna consiguió disminuir significativamente la violencia e impedir el deterioro de la seguridad en el país.
"Más allá de fluctuaciones estadísticas, inquieta sobremanera la crueldad y saña con que se cometen los hechos, la tendencia al autoritarismo y al ejercicio de justicia por mano propia, así como los altos índices de impunidad, generada en buena medida por cuerpos paralelos que siguen actuando dentro y fuera de las estructuras del Estado”, destaca FOSS.
Por la situación descrita, el Foro pide a los poderes Ejecutivo y Judicial que implementen normas que garanticen la justicia y la seguridad en Guatemala, tales como: Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Ley de Armas y Municiones, Ley del Sistema Penitenciario, Ley de Fortalecimiento de la Persecución Penal y Ley contra la Delincuencia Organizada.
En la misma línea, recuerda la importancia de fortalecer el Ministerio Público y de avanzar en la Política Nacional de Seguridad y la Política Penal del Estado de Guatemala, así como en la reforma de la Policía Nacional Civil y demás sectores de seguridad.
Las demandas del Foro también son dirigidas al Congreso Nacional. En el comunicado, FOSS solicita a los legisladores la aprobación de las reformas: de la Ley Orgánica del Ministerio Público; de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad; de la Ley en materia de juzgamiento de las Denuncias; de la Ley contra el Enriquecimiento ilícito; y de otras normas del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y de la Justicia(ANASJ).
"El FOSS reconoce que la aprobación de la Ley de Servicios de Seguridad Privada y de la Ley de Extinción de Dominio, a fines del año pasado, son pasos fundamentales, pero aún insuficientes para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad y justicia en Guatemala”, destaca el comunicado.
Pero no todo en el comunicado son demandas. En el documento, el Foro también destaca el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) manifiesta satisfacción por la decisión del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) de renovar el mandato de la CICG en el país por dos años más.
"Reconocemos que la actuación de la Comisión ha sido y sigue siendo clave para el esclarecimiento de casos de alto impacto, con el fin de lograr, de conformidad con su mandato, la desarticulación de los mecanismos que generan la impunidad en Guatemala”, destaca.
Adital, 23/02/2011
