“A 31 años de ocurrido este crimen de lesa humanidad, el manto de la impunidad sigue protegiendo a quienes fueron responsables materiales e intelectuales”, dijeron en un comunicado cuatro organizaciones, entre ellas la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT) y el Comité de Unidad Campesina (CUC).
Vicente Menchú, padre de la activista Rigoberta Menchú Tum, que en 1992 ganó el Nobel de la Paz, fue una de las víctimas.
Uno de los abogados de la FRMT, Eduardo de León, aseguró hoy que “el mejor refugio de los genocidas ha sido el propio Estado” que no ha demostrado voluntad para capturar y juzgar a los responsables de la masacre.
Familiares de las víctimas y activistas humanitarios realizaron hoy en la antigua sede de la embajada de España una ceremonia maya para recordar a los campesinos y estudiantes que murieron calcinados.
El incendio de la misión diplomática española ocurrió durante el régimen militar que presidió Romeo Lucas García (1978-1982), quien falleció en mayo de 2006 en Venezuela.
El 31 de enero de 1980 un grupo de campesinos llegó a la capital desde el departamento noroccidental de Quiché para denunciar la represión militar en sus comunidades.
Al no recibir atención de las autoridades, acompañados de estudiantes universitarios, ocuparon de forma pacífica la embajada de España, que el mismo día fue incendiada por agentes de la Policía Nacional (PN) con la colaboración de militares, y 37 personas, entre ellos tres españoles, murieron calcinados.
Las víctimas
Las víctimas españolas fueron el cónsul Jaime Ruiz del rbol y los empleados de la embajada Felipe Sáenz y María Teresa Vázquez de Villa.
Hasta ahora, dijo De León, no hay ningún detenido por la masacre.
En noviembre del 2006, dos de los imputados, el ex director de la PN German Chupina y el ex ministro de Defensa Aníbal Guevara, se entregaron a las autoridades, después de que la Audiencia Nacional Española emitiera órdenes de captura con fines de extradición.
Las capturas de estas dos personas y de otros tres militares y dos civiles respondían a una querella presentada en diciembre de 1999 ante el citado tribunal español por Rigoberta Menchú, por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado.
Sin embargo, el 12 de diciembre de 2007, la Corte de Constitucionalidad (CC) , la máxima instancia judicial de Guatemala, dejó sin efecto el proceso por considerar que la Audiencia Nacional Española no tenía competencia para juzgar a guatemaltecos.
Tras el fallo, Chupina y Guevara recobraron su libertad. El 17 de febrero de 2008 el ex director de la PN, falleció en su casa de un infarto.
La resolución de la CC también favoreció a los generales golpistas José Efraín Ríos Montt (1982-1983), Oscar Mejía (1983-1986), así como al ex ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez, al ex jefe del Comando 6 de la Policía Nacional, Pedro Arredondo y al ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Benedicto Lucas.
Eduardo De León agregó que hasta hoy “no existen en Guatemala indicios de que se vaya a perseguir a los responsables de la masacre”.
“Queremos la verdad de lo que ocurrió y que los responsables sean llevados a la Justicia para que sean juzgados por tan horrendo crimen”, señala asimismo el citado comunicado, suscrito también por la Convergencia Nacional Maya y la Coordinación Genocidio Nunca Más
Prensa Libre 31/01/2011
