La tasa de delitos violentos en Guatemala es muy elevada, y el número de homicidios registrados se ha incrementado durante los últimos cinco años. Según el Ministerio del Interior, hubo 6.292 homicidios en 2008, lo que equivale aproximadamente a 49 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En los últimos 15 años aproximadamente, por toda América Central y Estados Unidos han brotado bandas callejeras conocidas como maras. Muy implicadas en la comisión de delitos, las maras están formadas sobre todo por adolescentes y jóvenes de ambos sexos. Los estudios indican que surgieron de la población que emigró a Estados Unidos para escapar de los conflictos armados de Centroamérica en la década de 1980 y que posteriormente fue expulsada a Centroamérica en la década de 1990. Al volver de Estados Unidos, algunos de los jóvenes se encontraron ante una cultura que les era ajena y buscaron la compañía de otros en su misma situación. Estos grupos fueron la base de las maras. Se calcula que en 2005 el número de personas pertenecientes a bandas en Guatemala era de 14.000, y se cree que la cifra ha aumentado desde entonces.
Otro importante factor que contribuye a la situación crítica que atraviesa la seguridad pública en Guatemala es la abundancia de los denominados “grupos clandestinos”. Estos grupos son más bien redes delictivas en las que participan miembros y ex miembros del ejército y la policía, el sector empresarial, las empresas de seguridad privada, delincuentes comunes y miembros de bandas. Son el caldo de cultivo de la delincuencia organizada y se han introducido en las estructuras del Estado, donde son capaces de utilizar sus puestos y contactos para controlar lucrativas actividades ilegales y asegurar su impunidad. Estos grupos clandestinos tienen su origen en los grupos paramilitares y parapoliciales creados durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996) para integrar y apoyar a las unidades de inteligencia y otras unidades especiales del ejército que operaban con impunidad fuera de la ley. Estos “escuadrones de la muerte”, formados normalmente por militares fuera de servicio, recibían de sus superiores la orden de ejecutar a determinados individuos considerados “el enemigo”, como por ejemplo dirigentes sindicales o activistas de la oposición.
Cuando el conflicto armado interno llegó a su fin, estos grupos, que siguieron disfrutando de impunidad y ejerciendo un considerable poder, no se disolvieron y hasta la fecha el Estado no ha emprendido ninguna iniciativa seria para exigir cruenta a los responsables de estas graves violaciones de derechos humanos.
Se calcula que unas 200.000 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente o sometidas a desaparición forzada durante el conflicto armado interno de Guatemala.
(pag. 5 - Implicación de La Policía en homicidios en Guatemala, dic. 2009 - www.amnesty.org )
