San Marcos: 250 ordenes de captura, 5 municipios sin energía eléctrica, 3 estados de prevención, 2 asesinatos y una transnacional (conocida por su forma de actuar en Latinoamérica) trabajando muy de cerca con el gobierno “de rostro maya”. Antes de entrar en detalle sobre lo que sucede en San Marcos, es bueno tener en cuenta el contexto en el cual se dan los hechos. Para ello tomare unos extractos de la publicación “Guatemala el Oscuro negocio de la luz” de Victor Ferrigno, Flacso, noviembre 2009.
Guatemala registra las tarifas eléctricas más altas de Centroamérica; la demanda de servicio ya casi igualó a la oferta; la generación eléctrica depende mayoritariamente de hidrocarburos, provocando altos índices de contaminación; se socializan los gastos y se privatizan las utilidades; y el marco jurídico que regula el proceso, desde la generación hasta la comercialización eléctrica, es poco transparente y permite una serie de privilegios que debemos pagar los consumidores.
Con un potencial para generar 13,000 MW con fuentes renovables (MEM), suficiente para abastecer a toda Centroamérica, nos hemos convertido en compradores de energía, evidencia irrebatible del rotundo fracaso del modelo energético nacional.
Paralelamente, en la mayoría de las Consultas Populares Municipales que se han realizado durante los últimos dos años, las poblaciones indígenas han rechazado la instalación de hidroeléctricas en sus territorios debido a varias razones como la falta de consulta obligatoria y vinculante en territorios indígenas, que estipulan tanto el Convenio 169 de la OIT como el Código Municipal.
Además, porque los proyectos afectan sembrados, asentamientos humanos y lugares sagrados, sin ofrecer compensación y sin Estudios de Impacto Ambiental consistentes. Los proyectos tampoco contemplan beneficios sociales, ni el pago de servicios ambientales a los comunitarios, tales como la conservación de los bosques y ríos que hacen posible las hidroeléctricas.
En cuanto a las fuentes de generación eléctrica el panorama tampoco es halagüeño: el MEM da cuenta que en 1990, más o menos cuando comenzó el proceso de privatización, la generación eléctrica dependía en un 92% de fuentes hídricas y en un 8% de combustibles fósiles; después de quince años de “exitosas desincorporaciones”, los datos del 2008 se han invertido, pues un 58% de la generación depende de combustibles fósiles, registrándose un incremento de casi 400% en cuanto a la dependencia de derivados de petróleo, cuyos precios se quintuplicaron en 2008.
Todo lo documentado anteriormente evidencia que, en materia eléctrica, se ha procedido contra la racionalidad pública y el interés común, máxime si consideramos que en Guatemala el potencial de generación hídrica es de 5,000 MW y explotamos apenas el 13%; el potencial geotérmico es de 1,000 MW, utilizándose el 2.65%; y la generación de energía eólica alcanza una potencialidad de 7,800 MW, sin que exista una sola planta de este tipo. Estas estimaciones han sido calculadas por el MEM mediante estudios técnicos consistentes.
En este contexto de crisis energética, los costos de la tarifa eléctrica se han disparado, provocando alzamientos populares y la demanda de nacionalización de la empresa Unión Fenosa, por cobros abusivos, conflictos que ha provocado enfrentamientos con la fuerza pública, la suspensión del servicio en todo el municipio de Ocós, el encarcelamiento de dirigentes sociales en Malacatán, San Marcos y el asesinato, el pasado 24 de octubre, de Víctor Gálvez, quien encabezó varias de estas luchas, en el sur occidente del país. (El 13 de Enero de este año fue asesinada en el km 208, jurisdicción de Génova Costa Cuca, Evelinda Ramirez y 3 acompañantes fueron heridos cuando regresaban de la ciudad capital luego de desarrollar una campaña de denuncia de los abusos que DEOCSA/UNION FENOSA cometen en San Marcos)
(Por H. Alejandro Alfaro Santiz, COPAE, 01/02/2010)
