Si algún mérito tiene el campo pagado que se publicó hace unos días en Guatemala y que tiene el revelador título de "Traicionar la paz y dividir a Guatemala”, es que expresa de manera sintética y sin ambages, lo que un grupo de ex funcionarios de gobiernos de la derecha neoliberal considera que debe ser lo políticamente correcto. En tanto que algunos de los firmantes son intelectuales orgánicos de esta derecha, el documento tiene el mérito de expresar ideas que pretenden imponerse como ideología dominante en Guatemala. He aquí pues las líneas generales de la corrección política en Guatemala expresadas en cinco mandamientos:
1. Equiparar la paz a la renuncia a la lucha por la memoria, la justicia y la verdad.
2. Nunca usar la palabra genocidio aunque en Guatemala haya habido una matanza en gran escala que le costó la vida a 200 mil personas.
3. Renunciar al castigo a los genocidas y violadores de derechos humanos porque eso pone en serio peligro la paz y divide a Guatemala.
4. Asumir que los militares genocidas representan al Estado guatemalteco.
5. Valorar el hecho de que en Guatemala la violencia política ya no existe.
Vemos pues a un grupo de burócratas e intelectuales de la derecha neoliberal repitiendo argumentos de la derecha contrainsurgente: la acusación de genocidio implica el peligro de la reaparición de la violencia política, es producto de una minoría irresponsable, esta minoría es ajena a las víctimas de "las atrocidades ocurridas durante el enfrentamiento interno”. Aunque formalmente el documento acepta el derecho de las víctimas a enderezar procesos judiciales contra los responsables de tales atrocidades, contradictoriamente el elemento vertebral del argumento es que hacerlo pone en peligro a la paz, divide a Guatemala y como lo han expresado los volantes de propaganda negra de la derecha contrainsurgente, se está provocando una nueva guerra interna. No entiendo la indignación de los firmantes del documento porque una acusación de genocidio se convierta en una acusación contra el Estado. Esos militares actuaron en un período en el cual el Estado guatemalteco ejerció el terrorismo de estado y realizó matanzas en gran escala. En el momento actual esos militares no deberían representar al Estado como no lo hacen los delincuentes de poca o mucha monta en cualquier país.
Sorprende también la aseveración sin rubor alguno de que en Guatemala no existe violencia política. Basta recordar el terror selectivo que agentes del Estado y sicarios al servicio de grupos empresariales nacionales y extranjeros han dirigido contra los activistas y derechos humanos en los últimos 12 años. Organizaciones de derechos humanos registraron entre enero de 2000 y febrero de 2011 2,285 agresiones a defensores de derechos humanos y sociales. Entre enero y octubre de 2012 tal cifra alcanzó 254. Estas agresiones comprendían desde asesinatos hasta amenazas telefónicas pasando por detenciones ilegales, persecuciones, robos y violaciones sexuales. Entre fines de febrero y mediados de abril de 2013 fueron asesinados de manera cruel ocho luchadores sociales, el último de ellos el líder Q’anjob’al de Santa Eulalia (Huehuetenango) Daniel Pedro Mateo.
Durante la dictadura militar, es decir la etapa genocida del Estado guatemalteco, el terror selectivo fue una constante. Se combinó con las tres grandes olas de terror masivo de 1954, 1966-1969 y 1981-1984. En la actualidad la democracia neoliberal crecientemente le ha dado continuidad al terror selectivo. El Estado es cómplice de ese terror selectivo por omisión o por comisión.
La diferencia con respecto a la dictadura militar, es que hoy la democracia neoliberal cuenta con adalides ideológicos. Estos adalides en nombre de lo políticamente correcto nos demandan obediencia y silencio ante lo que sucedió en el pasado y complacencia ante lo que sucede en el presente.
Carlos Figueroa Ibarra, Adital, 26/04/2013
1. Equiparar la paz a la renuncia a la lucha por la memoria, la justicia y la verdad.
2. Nunca usar la palabra genocidio aunque en Guatemala haya habido una matanza en gran escala que le costó la vida a 200 mil personas.
3. Renunciar al castigo a los genocidas y violadores de derechos humanos porque eso pone en serio peligro la paz y divide a Guatemala.
4. Asumir que los militares genocidas representan al Estado guatemalteco.
5. Valorar el hecho de que en Guatemala la violencia política ya no existe.
Vemos pues a un grupo de burócratas e intelectuales de la derecha neoliberal repitiendo argumentos de la derecha contrainsurgente: la acusación de genocidio implica el peligro de la reaparición de la violencia política, es producto de una minoría irresponsable, esta minoría es ajena a las víctimas de "las atrocidades ocurridas durante el enfrentamiento interno”. Aunque formalmente el documento acepta el derecho de las víctimas a enderezar procesos judiciales contra los responsables de tales atrocidades, contradictoriamente el elemento vertebral del argumento es que hacerlo pone en peligro a la paz, divide a Guatemala y como lo han expresado los volantes de propaganda negra de la derecha contrainsurgente, se está provocando una nueva guerra interna. No entiendo la indignación de los firmantes del documento porque una acusación de genocidio se convierta en una acusación contra el Estado. Esos militares actuaron en un período en el cual el Estado guatemalteco ejerció el terrorismo de estado y realizó matanzas en gran escala. En el momento actual esos militares no deberían representar al Estado como no lo hacen los delincuentes de poca o mucha monta en cualquier país.
Sorprende también la aseveración sin rubor alguno de que en Guatemala no existe violencia política. Basta recordar el terror selectivo que agentes del Estado y sicarios al servicio de grupos empresariales nacionales y extranjeros han dirigido contra los activistas y derechos humanos en los últimos 12 años. Organizaciones de derechos humanos registraron entre enero de 2000 y febrero de 2011 2,285 agresiones a defensores de derechos humanos y sociales. Entre enero y octubre de 2012 tal cifra alcanzó 254. Estas agresiones comprendían desde asesinatos hasta amenazas telefónicas pasando por detenciones ilegales, persecuciones, robos y violaciones sexuales. Entre fines de febrero y mediados de abril de 2013 fueron asesinados de manera cruel ocho luchadores sociales, el último de ellos el líder Q’anjob’al de Santa Eulalia (Huehuetenango) Daniel Pedro Mateo.
Durante la dictadura militar, es decir la etapa genocida del Estado guatemalteco, el terror selectivo fue una constante. Se combinó con las tres grandes olas de terror masivo de 1954, 1966-1969 y 1981-1984. En la actualidad la democracia neoliberal crecientemente le ha dado continuidad al terror selectivo. El Estado es cómplice de ese terror selectivo por omisión o por comisión.
La diferencia con respecto a la dictadura militar, es que hoy la democracia neoliberal cuenta con adalides ideológicos. Estos adalides en nombre de lo políticamente correcto nos demandan obediencia y silencio ante lo que sucedió en el pasado y complacencia ante lo que sucede en el presente.
Carlos Figueroa Ibarra, Adital, 26/04/2013
