En una sala repleta de personas, Ríos Montt dijo que no le tiene miedo a la cárcel, y que sus abogados plantearán acciones legales para revertir el fallo que lo declaró como genocida. Inserto, activistas festejan la resolución.
La carta enumera diez puntos, donde la Cancillería señala que el caso es un logro en materia del fortalecimiento del sistema de justicia e independencia de poderes desde la firma de la Paz en 1996.
Expresa que el proceso posibilita que el país avance en la consolidación de la democracia, el ejercicio de la ciudadanía, el respeto de los derechos humanos y la construcción de la cultura de paz.
De acuerdo con la nota, el Gobierno ha respetado la libertad, independencia y autonomía de las instituciones judiciales, y por tanto respeta las conclusiones y resoluciones, para referirse a este caso en especial.
En ese sentido, Guatemala solicitó continuar con el compromiso y apoyo al logro de los establecido en los Acuerdos de paz en un marco de pleno respeto a la institucionalidad pública. Mencionó que ello se debe reflejar en la no injerencia de asuntos nacionales y judiciales que se conocen, deliberan y resuelven "con libertad, independencia y autonomía".
Horas antes, el presidente Otto Pérez Molina dijo estar dispuesto, en nombre del Estado de Guatemala, a pedir perdon al pueblo ixil por las matanzas ocurridas en el pasado y que fueron juzgadas por el Tribunal Primero A de Riesgo, quien además de condenar al militar retirado a 80 años de cárcel, resolvió hoy que el Estado debe pedir ese perdón.
Además, la jueza ordenó la reparaciòn digna para las vìctimas de las atrocidades ocurridas por fuerzas del Estado.
Prensa Libre, 13/05/2013