Un Estado débil, carente de transparencia y eficacia impide, principalmente, el desarrollo y bienestar de comunidades rurales y de la población indígena, sentencia el nuevo informe nacional de desarrollo humano, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual fue presentado el martes 16 al presidente Álvaro Colom.
René Mauricio Valdez entrega al presidente Álvaro Colom el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Los acompañan el magistrado Gabriel Medrano, el diputado Gabriel Heredia y Javier Michón, funcionario de la Organización de las Naciones Unidas.
El estudio partió tras haberse formulado tres interrogantes para concluir en la necesidad de que el Estado guatemalteco se convierta en promotor del desarrollo, todo encaminado a combatir la pobreza.
René Mauricio Valdés, coordinador residente del PNUD, consideró la urgente necesidad de que Guatemala avance en ese camino, además de garantizar la eficacia y transparencia del Estado como uno de los principales desafíos. “Hay que fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, las políticas sociales para combatir la pobreza y fomentar mecanismos para la modernización de la economía”, manifestó.
En estas materias, así como en las que se refieren a educación y salud, el país mantiene un grave rezago en comparación con los otros de la región, evidenció dicha investigación.
Linda Asturias, coordinadora del Programa de Informes Nacionales de Desarrollo Humano, expuso durante la presentación del documento que se necesita un Estado fuerte para promover bienestar y riqueza a los pobladores. “Históricamente el Estado ha sido débil, y hay mucha información que lo demuestra, principalmente en la capacidad fiscal”, expuso.
La experta agregó que otra debilidad tiene que ver con la falta de estadísticas oficiales, lo cual impide reconstruir los datos de la burocracia de 1980 a la fecha. “Esto llama a la reflexión, porque las decisiones informadas son indispensables para la continuidad de las políticas públicas”, lo cual no existe, afirmó Asturias.
Los indicadores de seguridad y justicia no son alentadores. La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes ascendió de 1999 —26— al 2009 —49—. “En el 2006, la tasa era de 47, mientras que en América Latina, de 25, y la mundial, nueve”. El indicador coloca a Guatemala entre los países más violentos del mundo.
Las cifras reflejan que la sociedad guatemalteca se encuentra sumida en un nuevo tipo de conflicto que la desorganiza: mafias criminales en abierto desafío al Estado. También se detalló la tasa de homicidios en los municipios y cómo varían de acuerdo con la ubicación geográfica. Son más altas en la capital y más bajas en sitios que no son cabeceras departamentales.
Por ejemplo, en Guatemala, el número promedio de homicidios del 2006 al 2009 fue de mil 211; Mixco, 354.7; Villa Nueva, 265, y Puerto Barrios, 131.7. En Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez; Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango; Sibinal y Río Blanco, San Marcos, la tasa de homicidios se mantiene en cero.
En el caso de la violencia contra la mujer del 2008, las agresiones se incrementaron de cuatro mil 539 a 12 mil 916. La experta considera que el Gobierno tiene grandes posibilidades de revertir la situación e impulsar acciones para fortalecer al Estado y mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos.
Además, deficiencias en la investigación, falta de recursos económicos y de personal, así como el incremento de los hechos delictivos son las principales causas por las cuales el 50% de la población que se encuentra en las cárceles del país aún no ha tenido una sentencia.
Según el vocero de la institución, Rudy Esquivel, a la fecha tienen registros de 10,337 hombres recluidos en las cárceles. De ellos, 4,661 están en cumplimiento de sentencia y los demás están en situación preventiva. En el caso de las mujeres hay 759 prisioneras, de las cuales 264 están cumpliendo un juicio dictado por un juez competente y las demás aún se encuentran dilucidando su situación jurídica.
Pese a que en los 22 centros carcelarios la capacidad de detención es para 6,700 personas, en la actualidad la cifra llega a 11,096, lo que evidencia el hacinamiento de la población reclusa. “Damos fiel cumplimiento a las órdenes judiciales, aunque en los últimos cinco años ha habido un incremento paulatino de los prisioneros”, refirió Esquivel, quien agregó que las principales causas de detención son robos, secuestros y extorsiones, entre otros delitos.
Centro de Estudios de Guatemala, 16 al 22 de noviembre de 2010
