En conferencia de prensa, la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) solicitó el jueves 18, al Congreso de la República la abolición de la pena de muerte, por considerar que esta medida no constituye un disuasivo contra la violencia que afecta al país. “El remedio a la violencia está más bien en la aplicación de políticas de desarrollo social éticamente fundadas”, afirmó Pablo Vizcaíno, presidente de la CEG.
Según la iglesia guatemalteca, el artículo 18 de la Constitución le otorga al Congreso la facultad para abolir las ejecuciones.
La Conferencia Episcopal asegura tener conciencia de que la población está cansada de la ola de violencia, corrupción e impunidad que imperan en el país, por lo cual comprende que después de la noticia de algún asesinato, “particularmente cruento y grave, resurja el tema de las ejecuciones”.
“Invitamos a la población guatemalteca a crear una verdadera cultura de la vida, que se oponga a la anticultura de la muerte, por medio de nuestro compromiso diario en el camino de la conversión, la reconciliación y la construcción de la verdadera paz”, manifestó en la conferencia de prensa Bernabé Sagastume, obispo de Santa Rosa de Lima.
La declaración de la Iglesia Católica también reprocha la promoción de la pena capital como propaganda política, ya que afirma que la desesperación ciudadana es producto de la ineficacia del sistema judicial.
Roberto Villate, jefe de la bancada Libertad Democrática Renovada (Líder), la cual promueve la aplicación de la pena de muerte, considera que esta medida sí es un disuasivo ante la ola de violencia. “Desde el 2000 que no se ejecuta a nadie, y se ha incrementado el número de muertes casi al doble. Si seguimos esperando unos 10 años, se puede aumentar el número de muertes a 40 diarias. Nosotros sí creemos que la pena de muerte es un disuasivo”, aseguró Villate.
Centro de estudios de Guatemala, 16 al 22 de noviembre de 2010
