El día 20 de octubre de 1944 marcó el inicio de una fase importante para Guatemala. A partir de esa fecha, el país, principalmente trabajadores/as, indígenas, campesinos/as, y sectores populares, fueron beneficiados con cambios serios en los rumbos de la política y de la economía. Los intereses de las elites económicas del país y de países como Estados Unidos, dieron espacio a la reforma agraria, la devolución de tierras indígenas y la oferta de crédito a campesinos y empobrecidos.
En los años en que fue gobernada por la junta revolucionaria integrada por Jorge Torrielo Garrido, Jacobo Árbenz Guzmán, y Francisco Javier Arana, Guatemala vivió días diferentes, con reales transformaciones rumbo a la democracia y a la creación de políticas de desarrollo que mejoraron las condiciones de vida de campesinos/as, indígenas y de las capas mas pobres de la población.
Además de desarrollar un sistema económico que benefició a la clase trabajadora y de la concretización de la reforma agraria, la junta revolucionaria prohibió el trabajo forzoso, creó el Banco de Guatemala, legalizó la propiedad estatal de la tierra, elevó el salario semanal, implementó el código del trabajo, promovió la diversificación de las exportaciones y promovió una reforma del sistema educativo, entro otros logros para la población.
La implementación de cambios orientados primordialmente a las clases históricamente explotadas, llamó la atención de los grandes propietarios de tierra, que pasaron a trabajar fuertemente para derrocar a la junta revolucionaria, que se encontraba en su segundo gobierno.
La oposición consiguió lo que quería y eligió como presidente de Guatemala al militar Castillo Armas. A partir de este momento, la vida de las poblaciones más empobrecidas del país comenzó a pasar por nuevas transformaciones, siendo esta vez, negativas. Según subraya la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), de inmediato fue revocado el decreto de estableció la reforma agraria.
"En esta época, los campesinos e indígenas se vieron sumergidos nuevamente en la miseria, exclusión y pobreza, debido al hecho de que nuevo gobierno cambió su política, orientándola en beneficio de los grandes propietarios de tierras, favoreciendo su enriquecimiento a costas de la población en general", denuncian.
Seguros de que esta situación todavía puede cambiar, la Conic y demás organizaciones indígenas y campesinas de Guatemala luchan por transformaciones como la aprobación de la Ley de la Consulta sobre la Minería, y de otras leyes importantes como, la Ley General de los Pueblos Indígenas, Ley de Desarrollo Rural Integral, Ley de la Consulta a los Pueblos, de Radios Comunitarias y de lugares sagrados.
La lucha de estas organizaciones también llama la atención sobre los retrocesos en la cuestión agraria, pide resolver el problema de la deuda agraria, la asignación de recursos para el Fondo de Tierras, para la Secretara de Asuntos Agrarios, para la reactivación de la economía campesina, así como para el arrendamiento de tierras.
"También demandamos el fin de la represión contra líderes comunitarios, el cese a los desalojos (desalojos de tierras ancestrales de los pueblos indígenas), políticas para reducir el alto costo de la vida, el no otorgamiento de concesiones mineras, petroleras e hidroeléctricas que afectan a las comunidades y políticas de reducir el aumento de la energía eléctrica", reivindica la Conic.
Luchando y manifestándose dignamente por las demandas populares, Conic, Frente Nacional Contra laminería, Vía Campesina Internacional y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, creen que será posible, con la unidad, "alcanzar una Guatemala con justicia social y bienestar para la población".
Adital, 20/10/2010
En los años en que fue gobernada por la junta revolucionaria integrada por Jorge Torrielo Garrido, Jacobo Árbenz Guzmán, y Francisco Javier Arana, Guatemala vivió días diferentes, con reales transformaciones rumbo a la democracia y a la creación de políticas de desarrollo que mejoraron las condiciones de vida de campesinos/as, indígenas y de las capas mas pobres de la población.
Además de desarrollar un sistema económico que benefició a la clase trabajadora y de la concretización de la reforma agraria, la junta revolucionaria prohibió el trabajo forzoso, creó el Banco de Guatemala, legalizó la propiedad estatal de la tierra, elevó el salario semanal, implementó el código del trabajo, promovió la diversificación de las exportaciones y promovió una reforma del sistema educativo, entro otros logros para la población.
La implementación de cambios orientados primordialmente a las clases históricamente explotadas, llamó la atención de los grandes propietarios de tierra, que pasaron a trabajar fuertemente para derrocar a la junta revolucionaria, que se encontraba en su segundo gobierno.
La oposición consiguió lo que quería y eligió como presidente de Guatemala al militar Castillo Armas. A partir de este momento, la vida de las poblaciones más empobrecidas del país comenzó a pasar por nuevas transformaciones, siendo esta vez, negativas. Según subraya la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), de inmediato fue revocado el decreto de estableció la reforma agraria.
"En esta época, los campesinos e indígenas se vieron sumergidos nuevamente en la miseria, exclusión y pobreza, debido al hecho de que nuevo gobierno cambió su política, orientándola en beneficio de los grandes propietarios de tierras, favoreciendo su enriquecimiento a costas de la población en general", denuncian.
Seguros de que esta situación todavía puede cambiar, la Conic y demás organizaciones indígenas y campesinas de Guatemala luchan por transformaciones como la aprobación de la Ley de la Consulta sobre la Minería, y de otras leyes importantes como, la Ley General de los Pueblos Indígenas, Ley de Desarrollo Rural Integral, Ley de la Consulta a los Pueblos, de Radios Comunitarias y de lugares sagrados.
La lucha de estas organizaciones también llama la atención sobre los retrocesos en la cuestión agraria, pide resolver el problema de la deuda agraria, la asignación de recursos para el Fondo de Tierras, para la Secretara de Asuntos Agrarios, para la reactivación de la economía campesina, así como para el arrendamiento de tierras.
"También demandamos el fin de la represión contra líderes comunitarios, el cese a los desalojos (desalojos de tierras ancestrales de los pueblos indígenas), políticas para reducir el alto costo de la vida, el no otorgamiento de concesiones mineras, petroleras e hidroeléctricas que afectan a las comunidades y políticas de reducir el aumento de la energía eléctrica", reivindica la Conic.
Luchando y manifestándose dignamente por las demandas populares, Conic, Frente Nacional Contra laminería, Vía Campesina Internacional y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, creen que será posible, con la unidad, "alcanzar una Guatemala con justicia social y bienestar para la población".
Adital, 20/10/2010
