La discusión de la aplicación de la pena de muerte se reactivó en el país después de la aprobación del indulto presidencial, el martes último, y el anuncio del presidente Álvaro Colom de que vetará el decreto en cuanto llegue al Ejecutivo.
No obstante, la polémica continuará porque, aun con el veto, si el Legislativo logra reunir 105 votos podría ordenar su publicación, y por lo tanto, entraría en vigencia el 15 de enero del 2012.
El Congreso aprobó un decreto que en la citada fecha le devolverá al gobernante el poder de decisión sobre el indulto de la pena capital, pero será el próximo mandatario el que deberá otorgar o denegar ese recurso de gracia, debido a que asume el cargo un día antes.
Al respecto, diferentes sectores tienen opiniones encontradas. "Si a mí me toca sancionarla, se va a vetar", expuso, con voz firme, Colom, al consultarle su postura.
"Mi posición es la misma del 2008, y no ha cambiado, por las mismas razones", refirió respecto de que ese año ya había vetado otro decreto similar porque considera que el presidente no es quien debe decidir si se ejecuta a un recluso.
Sin embargo, el bloque de Libertad Democrática Renovada (Líder) continúa en defensa de esa medida.
El dirigente de Líder, Manuel Baldizón, aseveró: "Esta es una luz que abre la oportunidad de aplicar la ley para lo que fue hecha. El 89.6 por ciento de la población exigía la pena de muerte, y hoy le decimos al pueblo de Guatemala misión cumplida".
Observaciones en contra
Javier Monterroso, del Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales, refirió que el Congreso, en especial las bancadas de Líder y del Partido Patriota, se encuentran en la búsqueda de votos para las próximas elecciones.
"Utilizan el populismo más evidente porque no hay pruebas de que la pena de muerte ha sido un disuasivo. Los países más seguros del continente -Costa Rica, Uruguay y Argentina- no contemplan esa sanción y la eliminaron hace muchos años", aseveró.
De acuerdo con Monterroso, la denuncia del Pacto de San José pone a Guatemala en el ámbito internacional como un país que no respeta los derechos humanos.
"Ahí se establecen derechos civiles, políticos, económicos y sociales que han sido reconocidos por todos los países del continente", expresó.
Frank la Rue, relator del Sistema de Naciones Unidas, expresó que buena parte de la comunidad internacional se opone a la pena capital.
"La pena de muerte es condenada en todo el mundo, y Naciones Unidas tiene una posición sobre la pena de muerte que deriva del hecho de que no califica ni al delito ni al delincuente, sino más bien las responsabilidad del Estado", explicó.
La noticia es de Prensa Libre
Adital – 07/10/2010
No obstante, la polémica continuará porque, aun con el veto, si el Legislativo logra reunir 105 votos podría ordenar su publicación, y por lo tanto, entraría en vigencia el 15 de enero del 2012.
El Congreso aprobó un decreto que en la citada fecha le devolverá al gobernante el poder de decisión sobre el indulto de la pena capital, pero será el próximo mandatario el que deberá otorgar o denegar ese recurso de gracia, debido a que asume el cargo un día antes.
Al respecto, diferentes sectores tienen opiniones encontradas. "Si a mí me toca sancionarla, se va a vetar", expuso, con voz firme, Colom, al consultarle su postura.
"Mi posición es la misma del 2008, y no ha cambiado, por las mismas razones", refirió respecto de que ese año ya había vetado otro decreto similar porque considera que el presidente no es quien debe decidir si se ejecuta a un recluso.
Sin embargo, el bloque de Libertad Democrática Renovada (Líder) continúa en defensa de esa medida.
El dirigente de Líder, Manuel Baldizón, aseveró: "Esta es una luz que abre la oportunidad de aplicar la ley para lo que fue hecha. El 89.6 por ciento de la población exigía la pena de muerte, y hoy le decimos al pueblo de Guatemala misión cumplida".
Observaciones en contra
Javier Monterroso, del Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales, refirió que el Congreso, en especial las bancadas de Líder y del Partido Patriota, se encuentran en la búsqueda de votos para las próximas elecciones.
"Utilizan el populismo más evidente porque no hay pruebas de que la pena de muerte ha sido un disuasivo. Los países más seguros del continente -Costa Rica, Uruguay y Argentina- no contemplan esa sanción y la eliminaron hace muchos años", aseveró.
De acuerdo con Monterroso, la denuncia del Pacto de San José pone a Guatemala en el ámbito internacional como un país que no respeta los derechos humanos.
"Ahí se establecen derechos civiles, políticos, económicos y sociales que han sido reconocidos por todos los países del continente", expresó.
Frank la Rue, relator del Sistema de Naciones Unidas, expresó que buena parte de la comunidad internacional se opone a la pena capital.
"La pena de muerte es condenada en todo el mundo, y Naciones Unidas tiene una posición sobre la pena de muerte que deriva del hecho de que no califica ni al delito ni al delincuente, sino más bien las responsabilidad del Estado", explicó.
La noticia es de Prensa Libre
Adital – 07/10/2010
