El día 30 de septiembre, en un campo pagado en los periódicos de Guatemala, la empresa minera Montana Exploradora, subsidiaria de la corporación canadiense Goldcorp, responsable de la mina Marlin, hizo saber que se hizo una descarga de agua industrial en los ríos de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, en presencia de las autoridades estatales. Pocos días después el Ministerio de Ambiente (MARN) presentó una denuncia contra la empresa, declarando que la descarga fue sin autorización. Los pobladores sospechan que no se trata de la primera descarga ilegal de la empresa. Todo esto sucede mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en espera de la suspensión de la mina Marlin.
En el campo pagado, la empresa Montana hizo saber que, cumpliendo con su “compromiso de informar las comunidades”, se hizo una descarga de agua en los ríos de San Miguel, lo cual “(…) se llevó a cabo en un marco de transparencia, durante la cual las instituciones públicas reguladoras realizaron monitoreos y supervisión(…)” Según la misma, la descarga se hizo debido a que las lluvias hicieron subir el agua en la represa de colas, el lago artificial formado de agua contaminada con Cianuro y otros desechos del proceso minero. Curiosamente, la advertencia llegó a los pobladores una semana después de que se realizó la descarga.
El día 4 de octubre, el Ministerio de Ambiente (MARN) comunicó que la presencia de las autoridades no era algo planificado, sino que el día 21 de septiembre, el Ministerio estaba casualmente en el área de la mina para tomar muestras, las cuales se tomaron varias horas después de que se hizo la descarga. Esto quiere decir que la descarga realizada por la empresa no contaba con la autorización del MARN, lo cual constituye un delito penal, por lo que el MARN hizo una denuncia contra Montana al Ministerio Público y mandó una alerta a México, país a donde fluye el agua contaminada.
Según los pobladores, en los últimos dos meses se ha sentido un olor químico alrededor de los ríos debajo la mina. Este olor no se había sentido anteriormente, y fue muy fuerte hasta provocar nauseas y dolor de cabeza a los vecinos el día 22 de septiembre, un día después de la descarga ilegal, y el día 28 de septiembre, una semana después de la descarga. Según los expertos de la ONG estadounidense, E-tech, este olor inequivocablemente es de Cianuro, un compuesto altamente tóxico que se utiliza en el proceso de minería de oro y plata.
Por estos hechos, los pobladores sospechan que no se trata de la primera descarga ilegal, sino que se han estado realizando más descargas en los últimos dos meses. Esta sospecha se constata por los últimos resultados del monitoreo mensual de la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) realizado alrededor de la mina, en donde se han encontrado elevados niveles de sulfatos en el lugar, los cuales sobrepasan los límites máximos permisible y la conductividad eléctrica del agua de los ríos se ha elevado hasta más del doble de los límites máximos permisible.
Esos hechos están sucediendo en el marco del pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de suspender las actividades de la mina Marlin para evitar mayores violaciones a los derechos humanos de los pobladores, la cual está pendiente desde el 20 de mayo. El día 23 de junio el gobierno de Álvaro Colom declaró su compromiso para cumplir con este pedido. Sin embargo, este compromiso se ha ido debilitando, ya que en el último comunicado, el gobierno declaró todavía no haber hecho el análisis de si va o no a suspender la mina
(Copae, 8/10/2010)
