El Movimiento Sindical, indígena y campesino Guatemalteco (MSICG) publicó ayer (27) el informe titulado 'Guatemala: el costo de la libertad sindical', que presenta como lema "Para un trabajo decente, desarrollo rural integral y libertad sindical". El objetivo es mostrar la evolución de la lucha sindical en el país y cómo el gobierno viene tratando a los movimientos sindicalistas.
Para eso, el informe hace un análisis de la transformación histórica del sindicalismo guatemalteco, manifestado en la creación y desaparición de organizaciones sindicales, "demostrando la existencia de patrones y políticas anti-sindicales, especialmente en los sectores productivos más importantes del país". Para hacer el análisis se realizó un recorte de tiempo en cuatro momentos.
El primer momento analiza el período comprendido entre 1947, cuando entró en vigor el Código del Trabajo, y 1954, en un marco de reconocimiento y mayores garantías para el ejercicio de la libertad sindical. El segundo momento analiza los años 1955 a 1986, período que corresponde a la mayor intensidad del conflicto armado interno hasta el retorno de la democracia en Guatemala.
El tercer momento, que abarca los años 1987 a 1996, se refiere al proceso de paz, y, por fin, el cuarto momento, que va desde 1997 hasta 2010, comprende al mismo tiempo la fase posterior al momento de paz, así como el auge de la globalización.
Después de este análisis histórico, el Movimiento concluye que la política anti-sindical no es una política específicamente de gobierno, sino una política de Estado que se ejecutó independientemente de aquellos que gobernaron y gobiernan al país.
A partir de 2007, coincidiendo con el surgimiento del MSICG como expresión sociopolítica de lucha y desarrollo, se intensificó la ola de represión a los sindicalistas guatemaltecos. Esa situación colocó a Guatemala como el segundo país más peligroso para el ejercicio de la libertad sindical, de acuerdo con la clasificación de la Confederación Sindical Internacional (CSI). En esta questión, Guatemala está detrás solamente de Colombia.
La publicación revela también que a partir de 2007 la ola de violencia afectó, en su mayoría, a integrantes de entidades miembros del MSICG. El Movimiento Sindical cree que faltó empeño de parte de las instituciones responsables en la investigación de los casos.
El informe del MSICG abordó también temas como contrataciones fraudulentas, obstáculos administrativos impuestos a los sindicatos, despidos anti-sindicales, criminalización y estigmatización de la libertad sindical, entre otros asuntos.
Con este estudio, el MSICG quiso evidenciar las razones por las cuales el gobierno de Guatemala enfrenta cuestionamientos en el marco de los órganos de control de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), como el Comité de Libertad Sindical y otros.
Adital - 28.09.10
