Carlos Salvatierra, ecologista, declara que Guatemala está en una zona de alto riesgo, porque se encuentra entre dos masas de agua, los océanos Pacífico y Atlántico, donde anualmente se forma gran cantidad de tormentas y huracanes.
Sin embargo, señala que a eso se debe agregar lo que llamó“vulnerabilidad construida”, y que tiene que ver con la pobreza y el hecho de que los pobladores más pobres habiten en las zonas de más riesgo.
Salvatierra considera, también, que debe tomarse en cuenta la topografía del país, que es muy quebrada, con lugares de altas pendientes, donde la gente cultiva y vive.
El ambientalista no cree que en el corto plazo se vayan a tomar acciones por parte del Estado que reviertan esas vulnerabilidades, pero sí destaca que la gente esté informada sobre cuándo van a ocurrir fenómenos, y entonces eso le permita tomar previsiones.
“Hoy, con Ágatha, hemos tenido menos muertos que con Mitch o con Stan, y eso quiere decir que las comunidades están aprendiendo cómo reaccionar a esos fenómenos”, señala Salvatierra.
“Va a ser la sociedad en general la que va a tener que reaccionar, las comunidades, porque el Gobierno tiene muchas limitaciones, y no creo que haya mucha esperanza en ese sentido”, advierte.
Declara que hay que tener en cuenta que Ágatha fue la primera de las tormentas del 2010. “Sin embargo, se pronostican muchas más tormentas o huracanes para este año; creo que entre 13 y 17” , afirma.
Pide emergencia
Luis Ferraté, ministro de Ambiente y Recursos Naturales, considera que Guatemala está en una ruta donde convergen fenómenos y accidentes geográficos que generan gran liberación de energía; entre ellos menciona volcanes, huracanes, fallas geológicas y la degradación del ambiente, pero también cree indispensable declarar una emergencia nacional forestal, como medio para comenzar a revertir los efectos de la destrucción de los bosques y el medioambiente.
Ferraté declara: “Es necesario mantener y ampliar el sistema guatemalteco de áreas protegidas, que ahora es de 32 por ciento del territorio; reforestar las cuencas degradadas, especialmente las altas, y declarar de emergencia nacional la reforestación”.
El funcionario aboga, además, por la aprobación de 21 leyes que, afirma, están presentadas desde hace un año en el Congreso, referidas a ambiente, cambio climático, manejo de desechos sólidos, regulación de la minería y otras relacionadas con servicios naturales.
Ferraté es enfático al afirmar que se deben socializar los beneficios y privatizar las pérdidas, porque asegura que los que contaminan deben pagar. “Ahora es al revés, se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Los que contaminan los ríos con sus fábricas o desechos son los que ganan, y la sociedad paga esas pérdidas ambientales”, declara.
El funcionario agrega que todos los poderes del Estado se deben involucrar en la defensa del ambiente, incluida la Policía, así como los ciudadanos, para detener el efecto de los fenómenos de la naturaleza.
También acusa a los países industrializados de ser los principales responsables de la degradación del ambiente, pues son los que producen la mayor cantidad de gases de tipo invernadero.
Institucionalidad débil
Édgar Balsells, director para Guatemala del Banco Centroamericano de Integración Económica, lanza críticas sobre cómo el Estado ha afrontado la vulnerabilidad en toda la región.
Lamenta que los gobiernos, a partir del establecimiento de la democracia, siguieran al pie de la letra las recomendaciones hechas por organismos como el Banco Mundial y las políticas neoliberales.
“Incluso con los militares se tenía una institucionalidad más fuerte para llevar a cabo políticas públicas, con un costo en lo democrático”, comenta Balsells, quien agrega que eso luego cambió para privilegiar al mercado, en menoscabo del Estado.
Balsells destaca el hecho de que en Guatemala hay un Estado mínimo, donde se paga una carga tributaria que considera risible, de solo 9 por ciento del PIB.
Por otra parte, afirma que el BCIE está listo para ayudar a sobrellevar la tragedia causada por Ágatha.
“Ayer se dio la primera ayuda, de US$250 mil. Adicionalmente, tenemos un programa aplicado a Chimaltenango, Sololá y Totonicapán, de US$30 millones, y ahora estamos planteando un programa de apoyo a infraestructura de emergencia, reconstrucción de puentes, que puede alcanzar hasta US$400 millones”, apunta Balsells.
Historia sin fin
Pero más allá de las recomendaciones y planes gubernamentales por reducir el efecto de los embates de la naturaleza, las tragedias se repiten, y sigue la amenaza.
El director del Instituto Nacional de Vulcanología, Sismología, Meteorología e Hidrología, Eddy Sánchez, es categórico, y advierte que hay que prepararse para otras situaciones de emergencia.
“Del lado del Caribe vienen este año entre 17 y 23 tormentas. De esas, 14 se van a convertir en tormentas tropicales, siete podrían volverse huracanes y cuatro superhuracanes. Del lado del Pacífico, llegarán entre 11 y 14 tormentas tropicales. El panorama no puede ser más dramático”, puntualiza.
(Prensa Libre 5/06/2010)
