El gobierno guatemalteco deberá enviar durante esta semana la respuesta a las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). El organismo internacional otorgó, el último día 20, una medida cautelar en favor de los integrantes de 18 comunidades indígenas maya que estaban siendo afectados por la mina Marlin I.
Según informaciones de Prensa Libre, el Vicepresidente guatemalteco, Rafael Espada, declaró el lunes pasado (31), que la actividad minera en Marlin no viola los derechos humanos. En la ocasión, Espada también comentó que el análisis jurídico del caso está siendo apreciado en la Procuraduría General de la Nación (PGN) para enviar una respuesta a la CIDH en los próximos días.
De acuerdo con el vicemandatario, además de la PGN, los Ministerios de Ambiente, Energía y Minas, y la Comisión Presidencial en Materia de Derechos Humanos también están involucrados en el proceso. Mientras la Procuraduría está encargada del análisis jurídico, los ministerios son los responsables del examen científico y la Comisión Presidencial de la cuestión de los derechos humanos.
Además de las violaciones de los derechos humanos, los ambientalistas también destacaron que la actividad minera viola las leyes ambientales, asunto señalado por Espada como no considerado por la Comisión de Derechos Humanos. "Están hablando de dos cosas distintas, porque la OEA está analizando cuestiones de derechos humanos y de las fracturas de las casas por las vibraciones de las explosiones. Ellos no están diciendo nada de contaminación", destacó el Vicepresidente.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Organización, la CIDH pidió al Estado guatemalteco que adopte medidas para descontaminar las fuentes de agua de las 18 comunidades afectadas, así como: atender los problemas de salud, iniciar un programa de asistencia y atención en salubridad y adoptar medidas para garantizar la vida y la integridad física de los mayas.
"La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Guatemala que suspenda la explotación minera del proyecto Marlin I y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Goldcorp/Montana Exploradora de Guatemala S.A. e implemente medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adopte una decisión sobre el fondo de la petición asociada a esta solicitud de medidas cautelares", reveló la CIDH en un comunicado.
El caso
De acuerdo con el documento de la Comisión Interamericana, la solicitud de la medida cautelar afirma que, en noviembre de 2003, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala otorgó una licencia de explotación por 25 años a la empresa Montana. Con esa licencia, la compañía podía explotar oro y plata en un área de 20 km2 en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, ubicados en el departamento de San Marcos.
Según los solicitantes, la concesión, además de haber sido otorgada sin la realización de consultas previas a las poblaciones afectadas, provocó problemas ambientales e hidrológicos en por lo menos 18 comunidades mayas.
"La empresa Montana había comenzado la construcción de la Mina Marlin I en 2003 y la extracción de oro y plata en 2005. Los peticionantes sostienen que la explotación minera generó graves consecuencias para la vida, la integridad personal, el medio ambiente y los bienes del pueblo indígena afectado, ya que el río Tzalá y sus afluentes son las únicas fuentes de agua para consumo y actividades de subsistencia", destacó el comunicado de la Comisión.
(Adital, 2/06/2010)
