Guatemala recibe con mucha vergüenza al Relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, por los abusos que el Gobierno ha permitido hacer contra la naturaleza y comunidades indígenas y por sus resistencia a cumplir con las obligaciones internacionales, señaló la periodista Ileana Alamilla.
En un artículo publicado en Prensa Libre, Alamilla indicó que Anaya se podrá dar cuenta de los múltiples incumplimientos y violaciones a las garantías de esos pueblos y ahora, especialmente, de la grave situación en San Juan Sacatepéquez, en donde líderes y sus asesores están perseguidos por la justicia, por el delito de reivindicar el derecho a su salud frente a la instalación de una fábrica de cemento.
Huehuetenango y San Marcos son otros lugares que visitará el experto; allí la población convive con la narcoactividad, la inseguridad, la pobreza y otros problemas graves.
La comunicadora cuestionó que el Estado no haya escuchado a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le ordenó suspender las actividades de la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán y en Sipacapa ni a activistas como el obispo Álvaro Ramazzini y la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quienes le pidieron al presidente Álvaro Colom cumplir con las disposiciones del referido organismo.
A estas peticiones se sumó la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que abrió un expediente en contra del ex presidente, por violar el derecho a la seguridad jurídica, al no acatar las medidas de la CIDH, que le solicitó dar a conocer su postura en relación con los estudios que prueban que los residentes de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa poseen metales pesados en sus organismos, derivado de los trabajos mineros.
Alcaldías indígenas y organizaciones sociales han demandado al gobierno que cumpla con su obligación constitucional de informar sobre los compromisos asumidos con transnacionales sobre proyectos mineros e hidroeléctricos.
Alamilla indicó que el propósito de la misión del experto de la ONU es analizar la explicación de los principios de consulta con los pueblos indígenas en el país, en particular en relación con las industrias extractivas, y con un enfoque especial en la situación de los pueblos afectados por la mina Marlin, en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán; ante esta situación, ¿qué otros pretextos va a dar el Ejecutivo al Relator? anotó la periodista.
Cerigua, 16/06/2010
