Señor Presidente:
Según información aparecida en el Diario Prensa Libre con fecha 2 de Junio del 2010 usted ha declarado que “el Estado no ordenará la suspensión de las actividades de la Mina Marlin”, afirmando que “hasta el momento no hay fundamento para ello”.
Estas afirmaciones ponen en tela de juicio su responsabilidad de buscar el Bien Común ya que una simple sospecha de violación de los derechos Humanos obliga al Estado a actuar a favor de los habitantes del territorio tal como lo dispone la Constitución Política de la República.
La resolución que exige la suspensión de las actividades de la mina Marlín en Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, emana de un organismo Internacional creado en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos de la cual Guatemala es Estado
Parte. Si la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es acatada puede dar lugar a que dicha Corte, en base de su jurisprudencia, condene al Estado de Guatemala y le imponga la obligación de indemnizar los daños y perjuicios provocados indemnización que deberá ser pagada con los propios fondos del pueblo de Guatemala.
Diversas organizaciones y quienes firmamos esta carta hemos lamentado la falta de decisiones de parte de su Gobierno que protejan los recursos naturales de nuestro País y que se privilegie mas un lucro y una ganancia inmediata de compañías Nacionales y Transnacionales en desmedro del respeto al medio ambiente que garantiza una calidad de vida de los hombres y mujeres Guatemaltecos. Asimismo nos entristece que a pesar de sus declaraciones de hacer un Gobierno con rostro maya las voces y demandas de las poblaciones indígenas no hayan sido escuchadas. Este es el caso concreto de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán y la gran mayoría de Municipios de Huehuetenango.
Señor Presidente usted sabe que una medida cautelar es simple y llanamente un mecanismo para evitar daños mayores o asegurar que no se lesione mas la vida y la dignidad humana.
En un verdadero Estado democrático el principio de prevenir daños mayores que pongan en peligro la vida de las personas fortalece la democracia.
Con el respeto que usted merece pero al mismo tiempo con la firmeza que nace de buscar el bien de los más empobrecidos y excluidos le pedimos Señor presidente que cumpla las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No esperaríamos del gobierno estrategias de dilación para resolver de un modo justo y favorable a una mejor calidad de vida de los guatemaltecos toda la problemática nacida de la actual política que continúa otorgando licencias de exploración y explotación minera.
Monseñor Alvaro Ramazzini
Obispo de San Marcos, Pastoral Social/COPAE
Rigoberta Menchú Tum
Premio Nobel de la Paz, Fundación Rigoberta Menchu Tum
