Continúan denunciándose informes de homicidios en Guatemala a manos de policías o de grupos clandestinos en los que al parecer están implicados miembros o ex miembros de la policía. Los datos recogidos por otras organizaciones de derechos humanos en los últimos años, como el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHA) y Seguridad en Democracia, indican que el número de estos homicidios puede llegar a cientos cada año. Los casos descritos en este documento figuran entre los muchos homicidios denunciados a Amnistía Internacional en los que están implicados policías, ex policías o –como en uno de los casos– soldados que llevaban a cabo tareas policiales.
Las circunstancias que rodearon a algunas de estas muertes indican que puede que se haya tratado de homicidios ilegales y deliberados llevados a cabo por orden de las autoridades o con su complicidad o aquiescencia, es decir, de ejecuciones extrajudiciales.
Muchas de las víctimas tienen características similares. Son en su mayoría jóvenes y muchas han tenido contacto con el sistema de justicia penal y, o bien tienen antecedentes penales, o las fuerzas de seguridad locales sospechan que están implicadas en actividades delictivas. Algunas parecen haber sido elegidas como víctimas por estar relacionadas de alguna forma con personas sospechosas de cometer delitos. La mayoría proceden de algunos de los barrios más marginales y pobres de Guatemala. Los propios homicidios suelen seguir una pauta determinada. Habitualmente los cadáveres de las víctimas aparecen en lugares aislados, como basurales, barrancos o predios baldíos. En muchos casos tienen las manos atadas a la espalda y muestran lesiones que podrían ser consecuencia de torturas. La mayoría han sido estranguladas o han recibido un disparo en la cabeza estilo tiro de gracia.
El lenguaje que utilizan los medios de comunicación, y en ocasiones las autoridades, para describir estos homicidios, que suelen calificarse como crímenes de “limpieza social”, indica a veces una actitud de tolerancia e incluso de apoyo hacia ellos. El hecho de que no se investiguen eficazmente de inmediato, o incluso en algunos casos que no se realice ninguna investigación significativa, indica cierta aquiescencia por parte de algunos funcionarios. También demuestra el incumplimiento por parte de las autoridades guatemaltecas de su obligación de proteger el derecho a la vida y poner a disposición judicial a los responsables de violarlo, tal como dispone el derecho internacional de los derechos humanos.
(Pag. 2 - Implicación de la policía en homicidios en Guatemala, dic. 2009)
(Pag. 2 - Implicación de la policía en homicidios en Guatemala, dic. 2009)
