El pasado 31 de agosto debió haber finalizado el proceso de suspensión temporal de la actividad minera del proyecto Marlin I y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Goldcorp, Montana Exploradora S. A., mientras se investigan las acusaciones en su contra por violaciones a los derechos humanos y contaminación.
Guillermo Porras, procurador general de la Nación (PGN), ordenó a Romeo Rodríguez, ministro de Energía y Minas (MEM), que realizara el procedimiento para dicha suspensión.
Sin embargo, dicho cierre no ocurrió; de acuerdo con el MEM, el atraso se dio por que no se tiene claro el proceso, "ignoramos en que consiste, fue por ello que recurrimos a la PGN, para que nos explique cómo hacerlo, lo que queremos es que el proceso no se atrase".
Sin embargo, Olga Camey, vocera del Parlamento Ambiental, expresó que la situación debe aclararse por que al parecer nadie tiene claro el papel que le corresponde, "el 31 finalizaba el plazo de los 15 días que estableció la PGN para la recepción de los informes, pero no se presentó nada, ahora el plazo deberá ampliarse, al menos 30 días más y esto retrasará aún más el procedimiento."
Por su parte Yuri Melini, de Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), comenta que en el flujograma que presentó el MEM para dicho cierre no se tomó en cuenta, de nuevo, a las comunidades afectadas, "el no consultar con las comunidades, también atrasa, ya que si no se logra establecer acuerdos con los representantes de estos lugares, lo que sucederá es que puede anularse todo el proceso y comenzarlo todo de nuevo".
El PGN, luego de escuchar al diputado independiente Aníbal García, quien mencionó que tampoco se ha notificado del proceso a las autoridades, argumentó: "Somos funcionarios nuevos y si se cometieron lapsos en el proceso han sido involuntarios." (Por Alexis Batres en La Hora)
COPAE 03/09/2010
