Hace algunos días el Presidente Álvaro Colom anunció el cierre temporal o suspensión de trabajos de la empresa minera Montana Exploradora, S.A. Nos dijeron que el gobierno de Guatemala "acordaba atender" la orden dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante la cual otorgaba medidas cautelares en favor de las comunidades indígenas afectadas por los venenos de la mina. Dichas medidas cautelares consistían en el cierre temporal pero inmediato de la mina Marlin.
Todos se apresuraron a celebrar. Las comunidades afectadas confiaron en la buena fe del gobierno y celebraron. Las organizaciones de la sociedad civil vieron una señal para el optimismo, incluso la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Guatemala se apresuró a "saludar" la decisión del gobierno.
Casi dos semanas después de estos hechos nada ha cambiado, la empresa minera continúa trabajando con normalidad. ¿Tiene el gobierno la voluntad de detener los trabajos mineros que están causando contaminación del agua y demás recursos naturales?
Para dar respuesta a esta pregunta iniciaremos informándonos en qué consiste una medida cautelar. Las medidas cautelares son decisiones urgentes que toma un juez o tribunal con el fin de detener o evitar un daño contra una o más personas. Para que una autoridad ordene una medida cautelar no es necesario tener mayores pruebas, es suficiente con que se tenga la sospecha de un riesgo o amenaza. Porque las medidas cautelares son temporales, no duran mucho tiempo y su fin es evitar daños mayores, mientras se toma una decisión concluyente; la cual, a mi criterio, debería ser el cierre definitivo de la mina.
Entonces, si las medidas cautelares son urgentes, ¿Por qué el gobierno no cumplió de inmediato con la orden de cerrar la mina? seguramente existen fuertes intereses económicos tras esta decisión, porque la empresa que explota la mina es una empresa internacional poderosa, que tiene muchísima experiencia en estos casos y estará ejerciendo su influencia y poder sobre el gobierno. Lo cierto es que nuestras autoridades, aunque hace unos días nos dijeron que lo harían, han puesto una cantidad de pretextos para no cumplir con lo que le ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al principio se habló de 15 días sólo para decidir el cierre temporal de la mina, recientemente el Vicepresidente Rafael Espada dijo que serían de 3 a 6 meses.
La verdad de todo esto es que si hubiera voluntad de cumplir con la ley, el gobierno habría ordenado el cierre inmediatamente. Porque la autoridad internacional que ordenó el cierre es superior a nuestros jueces, tribunales e instituciones guatemaltecas (1). Sin embargo, el gobierno ha pedido tiempo para que los jueces de Guatemala decidan y, en el mejor de los casos, ordenen sólo el cierre temporal de la mina. Esto es totalmente ilegal ya que el único camino que tiene el gobierno es dar cumplimiento a lo que le ordenó la Comisión Interamericana, sin más trámites.
Todavía más preocupante es el hecho de que el gobierno pidiera quince días a la Comisión Interamericana para demostrar que la mina no ha realizado ninguna contaminación de los recursos naturales de las comunidades indígenas (2). Constituyéndose, con este hecho, en defensor de los intereses de Montana, dando la espalda a las comunidades e ignorando las pruebas que demuestran que la mina está contaminando y envenenando los recursos naturales de las poblaciones cercanas y a sus habitantes.
Correspondería pues, como se acostumbra hacer en países con mayor certeza jurídica que el nuestro, que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máxima autoridad jurídica en nuestro país, obligara al gobierno a cumplir con lo que mandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: cerrar inmediatamente la mina sin ninguna tardanza, engaño, ni artimañas legales.
Como lo anterior es muy poco probable que ocurra, este caso nos debe enseñar a todos, a no crearnos falsas expectativas, a informarnos de mejor manera, a ser críticos y a defender nuestros derechos, sobre todo, frente a un gobierno que se ha olvidado que su obligación más importante es buscar y preservar nuestro bienestar. Es una lección de la que debemos aprender para el futuro, ya que existe un empeño por parte de nuestras autoridades de poner los recursos naturales de Guatemala en manos de inmorales empresas internacionales que sólo buscan enriquecerse sin importarles la salud y vida de niños, mujeres y hombres guatemaltecos.
Guatemala, 6 de julio del 2010.
Por Juan Carlos Us Pinula, Antropólogo Jurídico, Área de Estudios del Campesinado, AVANCSO
Adital, 08/07/2010
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Todos se apresuraron a celebrar. Las comunidades afectadas confiaron en la buena fe del gobierno y celebraron. Las organizaciones de la sociedad civil vieron una señal para el optimismo, incluso la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Guatemala se apresuró a "saludar" la decisión del gobierno.
Casi dos semanas después de estos hechos nada ha cambiado, la empresa minera continúa trabajando con normalidad. ¿Tiene el gobierno la voluntad de detener los trabajos mineros que están causando contaminación del agua y demás recursos naturales?
Para dar respuesta a esta pregunta iniciaremos informándonos en qué consiste una medida cautelar. Las medidas cautelares son decisiones urgentes que toma un juez o tribunal con el fin de detener o evitar un daño contra una o más personas. Para que una autoridad ordene una medida cautelar no es necesario tener mayores pruebas, es suficiente con que se tenga la sospecha de un riesgo o amenaza. Porque las medidas cautelares son temporales, no duran mucho tiempo y su fin es evitar daños mayores, mientras se toma una decisión concluyente; la cual, a mi criterio, debería ser el cierre definitivo de la mina.
Entonces, si las medidas cautelares son urgentes, ¿Por qué el gobierno no cumplió de inmediato con la orden de cerrar la mina? seguramente existen fuertes intereses económicos tras esta decisión, porque la empresa que explota la mina es una empresa internacional poderosa, que tiene muchísima experiencia en estos casos y estará ejerciendo su influencia y poder sobre el gobierno. Lo cierto es que nuestras autoridades, aunque hace unos días nos dijeron que lo harían, han puesto una cantidad de pretextos para no cumplir con lo que le ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al principio se habló de 15 días sólo para decidir el cierre temporal de la mina, recientemente el Vicepresidente Rafael Espada dijo que serían de 3 a 6 meses.
La verdad de todo esto es que si hubiera voluntad de cumplir con la ley, el gobierno habría ordenado el cierre inmediatamente. Porque la autoridad internacional que ordenó el cierre es superior a nuestros jueces, tribunales e instituciones guatemaltecas (1). Sin embargo, el gobierno ha pedido tiempo para que los jueces de Guatemala decidan y, en el mejor de los casos, ordenen sólo el cierre temporal de la mina. Esto es totalmente ilegal ya que el único camino que tiene el gobierno es dar cumplimiento a lo que le ordenó la Comisión Interamericana, sin más trámites.
Todavía más preocupante es el hecho de que el gobierno pidiera quince días a la Comisión Interamericana para demostrar que la mina no ha realizado ninguna contaminación de los recursos naturales de las comunidades indígenas (2). Constituyéndose, con este hecho, en defensor de los intereses de Montana, dando la espalda a las comunidades e ignorando las pruebas que demuestran que la mina está contaminando y envenenando los recursos naturales de las poblaciones cercanas y a sus habitantes.
Correspondería pues, como se acostumbra hacer en países con mayor certeza jurídica que el nuestro, que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máxima autoridad jurídica en nuestro país, obligara al gobierno a cumplir con lo que mandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: cerrar inmediatamente la mina sin ninguna tardanza, engaño, ni artimañas legales.
Como lo anterior es muy poco probable que ocurra, este caso nos debe enseñar a todos, a no crearnos falsas expectativas, a informarnos de mejor manera, a ser críticos y a defender nuestros derechos, sobre todo, frente a un gobierno que se ha olvidado que su obligación más importante es buscar y preservar nuestro bienestar. Es una lección de la que debemos aprender para el futuro, ya que existe un empeño por parte de nuestras autoridades de poner los recursos naturales de Guatemala en manos de inmorales empresas internacionales que sólo buscan enriquecerse sin importarles la salud y vida de niños, mujeres y hombres guatemaltecos.
Guatemala, 6 de julio del 2010.
Por Juan Carlos Us Pinula, Antropólogo Jurídico, Área de Estudios del Campesinado, AVANCSO
Adital, 08/07/2010
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Notas:
(1) Resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala sobre la preeminencia de instituciones de Derechos Humanos Sobre institucionalidad y sistema jurídico guatemalteco.
(2) Según notificó la Secretaría Ejecutiva Adjunta a la OEA el 24 de junio a las representantes de las comunidades indígenas.
(1) Resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala sobre la preeminencia de instituciones de Derechos Humanos Sobre institucionalidad y sistema jurídico guatemalteco.
(2) Según notificó la Secretaría Ejecutiva Adjunta a la OEA el 24 de junio a las representantes de las comunidades indígenas.
