Las crisis económica y alimentaria en Guatemala están afectando en forma preocupante a la población del campo. Si antes los campesinos vivían casi sin apoyo gubernamental, actualmente este apoyo es nulo. La situación está agravándose por la postura del gobierno de Álvaro Colom de apoyar sólo a los grandes propietarios de tierra que invierten en monocultivos.
Según denuncias de la Plataforma Agraria, las medidas gubernamentales tienen como prioridad el fortalecimiento institucional y político de la agroexportación de media y gran escala. La medida beneficia al 1,87% de la población que concentra tierras y coloca en el olvido, cada vez más, a la población campesina.
El resultado de este olvido ha sido la ampliación de la cantidad de hambrientos que hay en el país. Según informaciones de la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), más de 2 de los 13 millones de guatemaltecos y guatemaltecas (aproximadamente el 15% de la población), están en situación de riesgo de inseguridad alimentaria.
La misma situación fue denunciada recientemente en el informe "El derecho a la alimentación en Guatemala". El documento, publicado en marzo de este año, relata que Guatemala presenta los niveles más alarmantes de desnutrición de América Latina y uno de los peores a nivel mundial. Entre los más afectados están la población rural e indígena, de los cuales el 80% padece desnutrición crónica.
Para la Plataforma Agraria, "el campo sigue en crisis, pues ningún gobierno se interesó en posicionar las economías campesinas como un motor de cambios para las transformaciones que el país requiere". Frente a esta situación, los campesinos rechazan cualquier tipo de propuesta que apunte a mantener la estructura económica actual.
"Las mujeres indígenas y campesinas reunidas en la Plataforma Agraria exigimos al Estado que garantice nuestros derechos a la propiedad de la tierra, al trabajo, a una vida sin violencia y a la participación. No avalamos aquellos programas que tratan de situarnos sólo como sujetos económicos, y que siguen sin hacer ningún esfuerzo por cambiar las mentalidades, prácticas y estructuras patriarcales que nos oprimen día tras día", afirman en un comunicado de prensa.
El gobierno de Álvaro Colom ha despreciado a los campesinos con políticas públicas "paternalistas y asistencialistas" en vez de ofrecer asistencia técnica, apoyo y crédito para que puedan desarrollarse y mantenerse. Para transformar la realidad del campo, los campesinos necesitan que se les ofrezcan las mismas oportunidades y recursos que se brindan a los empresarios y propietarios de tierra.
La población campesina organizada ve esta crisis como el momento propicio para que el gobierno demuestre su compromiso con el desarrollo rural. Así es que demandan: la designación de suficientes recursos para la Política de Desarrollo Rural Integral reorientando la política agraria basada en mercados, el inicio de planes de dinamización de la economía en todas las regiones del país, la suspensión de las actividades mineras, la suspensión del contrato con la empresa Perenco y el respeto de la postura de las comunidades de no aceptar grandes obras como las hidroeléctricas.
Adital, 03/05/2010
