Preocupados por el medio ambiente, especialmente por los recursos hídricos, los indígenas de 13 municipios que constituyen la región Maya Man en el departamento guatemalteco de Huehuetenango declararon, el último día 18, después de consultas populares, que su territorio debe estar libre de megaproyectos, principalmente los de minería.
Ellos exigieron que el gobierno respete la decisión, resaltando que las consultas están amparadas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Guatemala en 1996. El proceso comenzó en 2006 y, al año siguiente, los 13 municipios de la región Maya Man ya habían participado. Los otros 19 municipios del departamento de Huehuetenango también se declararon en contra de los grandes emprendimientos.
l habitante del departamento y coordinador de la Unidad de Incidencia de la CEIBA –Amigos de la Tierra Guatemala, Basilio Tzoy–declaró que los indígenas quieren que el gobierno respete todas las consultas y que el presidente Álvaro Colon "no acepte más solicitudes para cualquier estudio hidroeléctrico o minero en la zona”.
Tzoy aclaró que las comunidades temen la contaminación de los ríos provocada por la minería y la escasez de agua debido a la perforación de pozos. Por otro lado, también existe la preocupación social, pues los megaproyectos terminan por "dividir” opiniones, generando conflictos, amenazas a los que se oponen a los emprendimientos y criminalización de los movimientos sociales.
Otro problema señalado por el militante es el destino del lucro generado en los territorios de las comunidades. "(...) Los recursos que sacan (las empresas) tienen mucho valor y no dejan nada para el país, mucho menos para las comunidades”, afirmó.
La resistencia a los megaproyectos se esparce por el país. En el mes de febrero, el municipio Maya Man de San Juan Ostuncalco, en el departamento de Quetzaltenango, también votó contra siete licencias de explotación minera otorgadas a la empresa canadiense Goldcorp, que comenzó a producir oro en 2005. De los 6.758 participantes de la consulta, sólo 30 votaron a favor del proyecto. En la decisión, la comunidad tuvo en cuenta los riesgos sobre el medio ambiente –agua, flora y fauna.
La empresa Goldcorp es detentora de la mayoría de las concesiones de explotación minera en Guatemala. Tzoy citó el ejemplo de la mina Marlin, que está ubicada en el departamento de San Marcos, entre Huehuetenango y Quetzaltenango, y que también es explotada por la transnacional. En el lugar, los peores efectos son la contaminación del agua con cianuro y rajaduras en las casas de los habitantes, provocadas por las explosiones características de la minería a cielo abierto, además de la persecución a los activistas locales.
Gobierno no respeta consultas
Para ignorar las consultas, el gobierno de Guatemala argumenta que los plebiscitos realizados en las comunidades sólo podrán entrar en vigencia después de la aprobación de un reglamento que vincule el Convenio 169 de la OIT con la Constitución del país.
Con eso, el gobierno presentó en febrero y sin dialogar con los indígenas, una propuesta de reglamento, que está en el sitio web del Ministerio del Trabajo, en español. Las comunidades tenían sólo 30 días para presentar, por escrito, desacuerdos con el texto.
El gobierno no considera el hecho de que las comunidades no tienen fácil acceso a internet y que la mayoría de los indígenas no lee español. Además, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esclareció, en una carta, que "el Convenio 169 se ha convertido en ley de aplicación nacional a partir de su ratificación”, lo que dispensaría la necesidad del reglamento propuesto por el gobierno de Guatemala.
Con informaciones de Noticias Aliadas.
Adital, 24/05/2011
