El 85 por ciento de las muertes violentas registradas en el 2011, un total de 1 mil 135, se debió al uso de armas de fuego, manifestó el director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco, quien indicó que cualquier persona puede comprar estos artefactos de manera legal, sin que encuentre mayores restricciones.
Polanco manifestó que no ha sido posible aplicar de manera efectiva la Ley de Armas y Municiones, aprobada en 2009, ya que muchos de los delincuentes operan con armas que han sido registradas de manera legal; asimismo cualquier persona con un permiso para portar los artefactos puede tener hasta cuatro armas de fuego.
Consideramos que esto permite que los delincuentes puedan cometer delitos de manera indiscriminada, dijo Polanco, quien además señaló la falta de investigación de los delitos, con lo que se garantiza la impunidad.
El activista de derechos humanos agregó que está permitido el ingreso de armas cuando son legales, a cualquier establecimiento público, como supermercados, restaurantes o tiendas, lo que incrementa la sensación de violencia que perciben los ciudadanos.
La Ley de Armas y Municiones, aprobada en 2009 y cuyo reglamento recién fue publicado en el diario oficial, regula la tenencia, portación, importación, fabricación y comercialización de las armas en el país, así como la creación de un banco de datos balísticos, sin embargo Polanco señala que la ley únicamente ha servido de “adorno”.
De acuerdo con un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Central relativo al 2009 y 2010, en la región circulan casi tres millones de armas de fuego y dos de cada tres serían ilegales.
Guatemala, Honduras y El Salvador serían los países con mayor número de armas, especialmente ilegales, al contrario de lo que sucede con Belice, Panamá, Nicaragua y Costa Rica.
El Resumen Ejecutivo del informe sobre Situación de derechos humanos y hechos de violencia en el país, del GAM, presentado por Polanco, refiere que al menos 15 personas mueren de manera violenta diariamente en Guatemala, lo que atribuye a la falta de coordinación de las autoridades, especialmente del Ministerio de Gobernación y al debilitamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) por transferencias
CERIGUA, 10/05/2011
