Muchos han sido los esfuerzos por hacer, con la firma de los Acuerdos de Paz, una Guatemala viable. Aspiración profunda de los pueblos y, en particular, deseo inagotable del Pueblo Maya después de haber sufrido, durante el conflicto armado interno, la tierra arrasada, la tortura, el terrorismo de Estado y el genocidio en toda su crudeza. De las consecuencias, este hermoso y dramático país, aún no se ha repuesto. Vive las secuelas, las causas latentes, y los esquemas violentos de actuación con los cuales el aparato del Estado históricamente ha pretendido acallar la demanda social y política.
Después de silenciadas las armas, en 1996, se ha dicho, y así es, que la paz no es solamente el silencio de estas, sino el uso de caminos racionales para la búsqueda del entendimiento. Uno de esos caminos ineludiblemente es el diálogo y cuya aplicación, como instrumento, no es al momento en que crujen los conflictos, sino al momento en el que la interpretación de la realidad, social, económica, cultural y política obliga a prevenir desencadenamientos lamentables. Pero el ejercicio interpretativo, de parte del primer obligado, es decir el propio aparato del Estado, es inexistente y por ello privilegia el uso de la fuerza mediante sus instrumentos represivos.
Los 48 cantones de Totonicapán, el día 4 de octubre, con la toma de las carreteras lo que querían era hacerse escuchar, sencillamente porque habían agotado todos los mecanismos de llamado al diálogo, los cuales resultaron inválidos delante de los poderes económico y político que hoy llaman insistentemente al respeto de la ley. Los mismos que hoy se empeñan en justificar el uso del ejército y de las armas mediante una jerga típica de la contrainsurgencia. Falacias que al repetirlas pretenden constituirlas en verdades absolutas, y cuyo propósito de fondo es constituir a las víctimas en victimarios, a los sujetos de derecho en incivilizados criminales.
Lo sucedido el 4 de octubre es trágico para el país. Primero por las víctimas, 8 muertos y decenas de heridos, otra vez de origen maya. Segundo, porque hay indicios insoslayables de que fue a manos de miembros del Ejército. Hecho que obliga a que si se quiere cambiar la historia, debe ser tácitamente reconocido. Sin embargo, parece que hay un empeño expreso nuevamente en tergiversar los hechos e imponer la verdad del gobierno. No es casual, entonces, que antes de conocerse los resultados de las investigaciones correspondientes, el Presidente se apresure a trasladar su verdad al cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, asimismo al Grupo de los 4 y realice, en los medios de comunicación, una campaña de "aclaración” totalmente sesgada. Los 48 cantones, obvio, están en desventaja, no cuentan con esos cuantiosos recursos para dar a conocer su versión de los hechos.
Ahora más que nunca se hace fundamental y prioritario que se dé lugar a la verdad. Se debe privilegiar una investigación totalmente objetiva e independiente. Que no medie en esta poder alguno que le desvirtúe o sesgue, y por eso, todos, absolutamente todos, estamos obligados a exigir y velar.
Rigoberta Menchú Tum, Fundación Rigoberta Menchú Tum
Adital, 15/10/2012
Después de silenciadas las armas, en 1996, se ha dicho, y así es, que la paz no es solamente el silencio de estas, sino el uso de caminos racionales para la búsqueda del entendimiento. Uno de esos caminos ineludiblemente es el diálogo y cuya aplicación, como instrumento, no es al momento en que crujen los conflictos, sino al momento en el que la interpretación de la realidad, social, económica, cultural y política obliga a prevenir desencadenamientos lamentables. Pero el ejercicio interpretativo, de parte del primer obligado, es decir el propio aparato del Estado, es inexistente y por ello privilegia el uso de la fuerza mediante sus instrumentos represivos.
Los 48 cantones de Totonicapán, el día 4 de octubre, con la toma de las carreteras lo que querían era hacerse escuchar, sencillamente porque habían agotado todos los mecanismos de llamado al diálogo, los cuales resultaron inválidos delante de los poderes económico y político que hoy llaman insistentemente al respeto de la ley. Los mismos que hoy se empeñan en justificar el uso del ejército y de las armas mediante una jerga típica de la contrainsurgencia. Falacias que al repetirlas pretenden constituirlas en verdades absolutas, y cuyo propósito de fondo es constituir a las víctimas en victimarios, a los sujetos de derecho en incivilizados criminales.
Lo sucedido el 4 de octubre es trágico para el país. Primero por las víctimas, 8 muertos y decenas de heridos, otra vez de origen maya. Segundo, porque hay indicios insoslayables de que fue a manos de miembros del Ejército. Hecho que obliga a que si se quiere cambiar la historia, debe ser tácitamente reconocido. Sin embargo, parece que hay un empeño expreso nuevamente en tergiversar los hechos e imponer la verdad del gobierno. No es casual, entonces, que antes de conocerse los resultados de las investigaciones correspondientes, el Presidente se apresure a trasladar su verdad al cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, asimismo al Grupo de los 4 y realice, en los medios de comunicación, una campaña de "aclaración” totalmente sesgada. Los 48 cantones, obvio, están en desventaja, no cuentan con esos cuantiosos recursos para dar a conocer su versión de los hechos.
Ahora más que nunca se hace fundamental y prioritario que se dé lugar a la verdad. Se debe privilegiar una investigación totalmente objetiva e independiente. Que no medie en esta poder alguno que le desvirtúe o sesgue, y por eso, todos, absolutamente todos, estamos obligados a exigir y velar.
Rigoberta Menchú Tum, Fundación Rigoberta Menchú Tum
Adital, 15/10/2012
