Altos niveles de corrupción, elecciones calificadas de fraudulentas y el avance de la insurgencia fueron parte de los motivos que llevaron a oficiales jóvenes del Ejército a derrocar al presidente Romeo Lucas García el 23 de marzo de 1982.
Caldo de cultivo
En los días previos al golpe de Estado, en el país se vivía un ambiente de inestabilidad debido a los atentados de la guerrilla y el acoso del Ejército contra poblados civiles, sobre todo en áreas rurales.
La tensión subió al conocerse que las elecciones presidenciales las había ganado el candidato oficialista, el exministro de la Defensa, general Aníbal Guevara. El descontento fue generalizado de distintos sectores, incluido el poder económico, que presionaron para evitar la continuidad del gobierno de Lucas García, refiere el sociólogo Edelberto Torres.
Hubo manifestaciones en que participaron Mario Sandoval Alarcón y Leonel Sisniega Otero, políticos de derecha, quienes empujaron el derrocamiento de Lucas García, ya que se oponían a que Guevara asumiera.
Torres menciona que en esa época existía presión para que los militares ganaran la guerra a la insurgencia, pero también para que cedieran el poder a civiles.
Los dirigentes de los alzados buscaron al general Efraín Ríos Montt para que encabezara la junta militar golpista. Para entonces, Ríos Montt, excandidato presidencial que había perdido las elecciones en 1974, supuestamente por un fraude, era ministro religioso.
Aquel 23 de marzo, unidades militares salieron a las calles y una vez montada la junta de gobierno, formada por Ríos Montt, el general Horacio Maldonado Shaad y el coronel Francisco Luis Gordillo, se anunció que convocaría a nuevas elecciones, sin precisar fecha.
La junta de gobierno disolvió el Congreso y abolió la Constitución.
Proclama
En un llamamiento difundido a través de radio y televisión, los golpistas pidieron “comprensión internacional” y afirmaron que los militares que gobernaban Guatemala hasta el 23 de marzo de 1982 habían propiciado una imagen del país en el extranjero que no correspondía con las verdaderas características del pueblo.
Aseguraron que eran democráticos y que respetaban “los derechos humanos” de todos los guatemaltecos, según notas periodísticas de esa época.
“El día del golpe de Estado varios comercios y colegios educativos cerraron, ya que tanques y soldados patrullaron y se apostaron tanto en el Palacio Nacional como en la Casa Presidencial”, recuerda Torres.
Héctor Rosada, sociólogo y antropólogo, expuso que antes del golpe de Estado, en agosto y noviembre de 1981, hubo reuniones oficiales en que existió preocupación por el avance de la guerrilla.
En el período de Lucas García las masacres contra la población iban en ascenso, pero con Ríos Montt la violencia tuvo una mayor escalada, dice.
“Considero que entre 1981 y 1985 es la decisión militar de asumir todo el poder y la responsabilidad del manejo de la guerra lo que determinó el genocidio”, explica el experto.
Los terratenientes eran quienes pedían al Ejército que llegara a sus áreas a cuidarlos de la guerrilla, según Rosada.
Estado y religión
En tanto, Ríos Montt utilizó el Estado para predicar como pastor evangélico e hizo caso omiso de la petición del papa Juan Pablo II, quien visitó el país el 6 de marzo de 1983, de detener el fusilamiento de seis condenados a muerte.
Prensa Libre 23/03/2015