La comisión tuvo conocimiento que autoridades indígenas de Santa Eulalia habían convocado a medios y sociedad civil al acto donde reabrirían la emisora, pero fueron intimidados y agredidos.
Este medio alternativo de comunicación se encuentra cerrado desde enero pasado, por decisión del alcalde Diego Marcos y de nuevo fue imposible reanudar las transmisiones, debido a la oposición del alcalde y sus seguidores; el local donde funciona la emisora pertenece a la municipalidad y ha sido otorgado en usufructo desde 2004, por períodos de cuatro años, renovable con cada gobierno.
Los afectados han denunciado que desde que inició la actividad, en la que se pretendía abrir la radio, los miembros de la comuna mantuvieron una actitud hostil e intimidatoria; varios comunicadores fueron agredidos y sus equipos confiscados y, aunque se supone que posteriormente fueron devueltos, esto constituye un hecho repudiable y reñido con la ley, señala la información.
La Comisión de Libertad de Prensa de la APG repudia cualquier acto que pretenda restringir o violentar derechos humanos consagrados en la ley, particularmente la libertad de emisión del pensamiento y de prensa, e insta a las autoridades a recurrir al diálogo para la resolución de los conflictos.
La entidad también se solidariza con el colega Luis Ixmatul, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPSP), cuyo vehículo fue seriamente dañado en las afueras de la entidad, por dos personas que se conducían en moto.
Finalmente, la Comisión exige a las autoridades que procedan a identificar a los responsables de este hecho violento y reitera su reclamo por la persistente inseguridad en la que desarrollan los periodistas sus actividades.
Cerigua 24/03/2015