El juicio contra los generales retirados José Efraín Ríos Montt, ex jefe de Estado, y José Mauricio Rodríguez Sánchez, exjefe de Inteligencia (G-2), acusados de genocidio y deberes contra la humanidad, ha generado confrontación entre sectores sociales a través de campos pagados.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre violencia sexual en los conflictos, Zainab Hawa Bangura, y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, fijaron sus posturas sobre el debate.
La Cicig “ha observado a la distancia el proceso contra Ríos Montt, a quien se atribuye el delito de genocidio. Si el crimen se cometió o no se cometió, si el imputado es culpable o inocente, son decisiones cuya competencia exclusiva corresponde al tribunal que conoce la causa. Deben los jueces resolver libres de cualquier amenaza, pues la independencia judicial es un derecho humano, en este caso del imputado y de quienes se sienten víctimas y llevan su pretensión de castigo ante la justicia”.
Además, la Comisión “llama a la mesura. El proceso debe avanzar sin injerencias que coarten la independencia de los jueces, y será a posteriori de verificarse errores judiciales de fondo o de forma, si se absuelve o si se condena, que las partes podrán impugnar la sentencia y objetarla ante instancias jurisdiccionales superiores como lo ordena la ley”.
Ashton manifestó: “El actual juicio respecto de abusos importantes de los derechos humanos cometidos durante la guerra civil de Guatemala está llegando a su fin. La conclusión de este juicio debe suponer un paso importante para curar las heridas del pasado”.
Enfrentados
En días anteriores apareció un campo pagado, firmado por personajes que participaron en la negociación de la firma de los acuerdos de paz, titulado “Traicionar la paz y dividir a Guatemala”. El texto señala: “La acusación de genocidio en contra de oficiales del Ejército de Guatemala constituye una acusación, no solo contra esos oficiales o contra el Ejército, sino en contra del Estado de Guatemala en su conjunto que, de consumarse, implica serios peligros para nuestro país, incluyendo una agudización de la polarización social y política que revertirá la paz hasta ahora alcanzada. (...) Es una fabricación jurídica que no corresponde con el anhelo de los deudos de las víctimas, de dignificar a sus seres queridos, de finalizar el luto inconcluso y de hacer justicia”.
En respuesta a esa declaración, un grupo de activistas y académicos publicó ayer un texto en el que cuestiona: “De qué Paz hablamos si esta se puede revertir con una legítima demanda de justicia por parte de las víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos. Esto parece más un chantaje, pues implica que se debe forzar el silencio y la impunidad sobre las víctimas para que ‘supuestamente’ no se pueda revertir la paz y llegar a una agudización de la polarización social y política”.
Resalta: “Debemos entender que la verdadera paz solo es posible si está fundamentada en la Verdad, la Justicia y la Reparación, y esto es lo que nos lleva a la reconciliación, de lo contrario se convierte en una farsa, al servicio de quienes quieren mantener la negación y la impunidad del pasado”.
El concepto genocidio
El artículo 376 del Código Penal establece que comete delito de genocidio quien, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, mate, lesione, someta, desplace o esterilice a sus miembros.
Marea de comunicados
Organismos internacionales se pronunciaron ayer en relación con el juicio por genocidio que se sigue en el país en contra de los generales José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez.
Cicig llama a la mesura
A la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) le preocupa la aparición de varios campos pagados, suplementos y declaraciones, con el fin de incidir en la decisión judicial para lograr una sentencia absolutoria.
Considera que el campo pagado firmado “por figuras que enarbolaron la bandera de los derechos humanos y gozaron de la confianza de la comunidad internacional ... Es una injustificable amenaza contra el tribunal”.
ONU pide protección
La representante especial sobre la violencia sexual en los conflictos insta a las autoridades a garantizar un juicio justo y la protección de víctimas, testigos, defensores de los derechos humanos y funcionarios del Sistema Judicial.
Expresa que “las acciones judiciales contra un antiguo jefe de Estado, por genocidio y crímenes de lesa humanidad, dan esperanza a las miles de víctimas que sufrieron durante el conflicto de 36 años”.
UE: curar las heridas
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores declaró que “el actual juicio respecto de abusos importantes de los derechos humanos, cometidos durante la guerra civil de Guatemala, está llegando a su fin. La conclusión de este juicio debe suponer un paso importante para curar las heridas del pasado”.
Señala que “los juicios independientes, imparciales y justos constituyen la piedra angular de todo sistema de justicia”.
Por Claudia Acuña
Prensa Libre, 19/04/2013
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre violencia sexual en los conflictos, Zainab Hawa Bangura, y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, fijaron sus posturas sobre el debate.
La Cicig “ha observado a la distancia el proceso contra Ríos Montt, a quien se atribuye el delito de genocidio. Si el crimen se cometió o no se cometió, si el imputado es culpable o inocente, son decisiones cuya competencia exclusiva corresponde al tribunal que conoce la causa. Deben los jueces resolver libres de cualquier amenaza, pues la independencia judicial es un derecho humano, en este caso del imputado y de quienes se sienten víctimas y llevan su pretensión de castigo ante la justicia”.
Además, la Comisión “llama a la mesura. El proceso debe avanzar sin injerencias que coarten la independencia de los jueces, y será a posteriori de verificarse errores judiciales de fondo o de forma, si se absuelve o si se condena, que las partes podrán impugnar la sentencia y objetarla ante instancias jurisdiccionales superiores como lo ordena la ley”.
Ashton manifestó: “El actual juicio respecto de abusos importantes de los derechos humanos cometidos durante la guerra civil de Guatemala está llegando a su fin. La conclusión de este juicio debe suponer un paso importante para curar las heridas del pasado”.
Enfrentados
En días anteriores apareció un campo pagado, firmado por personajes que participaron en la negociación de la firma de los acuerdos de paz, titulado “Traicionar la paz y dividir a Guatemala”. El texto señala: “La acusación de genocidio en contra de oficiales del Ejército de Guatemala constituye una acusación, no solo contra esos oficiales o contra el Ejército, sino en contra del Estado de Guatemala en su conjunto que, de consumarse, implica serios peligros para nuestro país, incluyendo una agudización de la polarización social y política que revertirá la paz hasta ahora alcanzada. (...) Es una fabricación jurídica que no corresponde con el anhelo de los deudos de las víctimas, de dignificar a sus seres queridos, de finalizar el luto inconcluso y de hacer justicia”.
En respuesta a esa declaración, un grupo de activistas y académicos publicó ayer un texto en el que cuestiona: “De qué Paz hablamos si esta se puede revertir con una legítima demanda de justicia por parte de las víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos. Esto parece más un chantaje, pues implica que se debe forzar el silencio y la impunidad sobre las víctimas para que ‘supuestamente’ no se pueda revertir la paz y llegar a una agudización de la polarización social y política”.
Resalta: “Debemos entender que la verdadera paz solo es posible si está fundamentada en la Verdad, la Justicia y la Reparación, y esto es lo que nos lleva a la reconciliación, de lo contrario se convierte en una farsa, al servicio de quienes quieren mantener la negación y la impunidad del pasado”.
El concepto genocidio
El artículo 376 del Código Penal establece que comete delito de genocidio quien, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, mate, lesione, someta, desplace o esterilice a sus miembros.
Marea de comunicados
Organismos internacionales se pronunciaron ayer en relación con el juicio por genocidio que se sigue en el país en contra de los generales José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez.
Cicig llama a la mesura
A la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) le preocupa la aparición de varios campos pagados, suplementos y declaraciones, con el fin de incidir en la decisión judicial para lograr una sentencia absolutoria.
Considera que el campo pagado firmado “por figuras que enarbolaron la bandera de los derechos humanos y gozaron de la confianza de la comunidad internacional ... Es una injustificable amenaza contra el tribunal”.
ONU pide protección
La representante especial sobre la violencia sexual en los conflictos insta a las autoridades a garantizar un juicio justo y la protección de víctimas, testigos, defensores de los derechos humanos y funcionarios del Sistema Judicial.
Expresa que “las acciones judiciales contra un antiguo jefe de Estado, por genocidio y crímenes de lesa humanidad, dan esperanza a las miles de víctimas que sufrieron durante el conflicto de 36 años”.
UE: curar las heridas
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores declaró que “el actual juicio respecto de abusos importantes de los derechos humanos, cometidos durante la guerra civil de Guatemala, está llegando a su fin. La conclusión de este juicio debe suponer un paso importante para curar las heridas del pasado”.
Señala que “los juicios independientes, imparciales y justos constituyen la piedra angular de todo sistema de justicia”.
Por Claudia Acuña
Prensa Libre, 19/04/2013
