Durante el segundo encuentro contra la minería, realizado del 10 al 14 de abril, en el municipio de Aguacatán, en Huehuetenango, Guatemala, el movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero hizo un análisis del modelo extractivo minero global y regional y sus consecuencias para las comunidades, medio ambiente y cultura en la región de Mesoamérica. El encuentro contó con participación de representantes de Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos y Canadá, además de Guatemala.
En el análisis, los/las integrantes del movimiento concordaron que en los últimos tiempos ha habido un agravamiento de los conflictos originados por la imposición del modelo extractivo minero en toda la región, así como una mayor concientización y movilización de las comunidades afectadas. Para ellos, el término "minería verde, sustentable y responsable” es sólo un discurso que busca enmascarar y promover la actividad minera.
Las negociaciones entre gobiernos y corporaciones privadas transnacionales ha implicado, según el movimiento, la pérdida de territorios y recursos naturales, además de acciones de imposición, represión y criminalización contra las comunidades afectadas por proyectos mineros de explotación, sobresaliendo la seguridad de los inversores en vez de la protección de la vida y de los derechos humanos.
En un pronunciamiento, el movimiento denunció la utilización de legislaciones y programas de gobierno para atraer inversión extranjera donde, en este medio, la extracción minera explota, contamina el agua, degrada el medio ambiente y promueve la pérdida de la calidad de producción de los suelos, con amparo de leyes que favorecen la impunidad de esas actividades en contra de la soberanía alimentaria y cultural de los pueblos. Ellos también criticaron las reformas de las leyes mineras que violan el derecho internacional como la consulta popular y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos.
Para el movimiento, los privilegios fiscales concedidos a través de reformas fiscales para la actividad minera, alimentan la "falsa idea de desarrollo minero” a cambio de "limosnas” llamadas "regalías”, que nunca remediarán los impactos y daños causados por la explotación. "En contraste con los tamaños de los llamados ‘beneficios’ económicos del modelo extractivo minero depredador, hoy podemos afirmar que los costos de los daños ambientales provocados por la minería trasnacional y trasnacionalizada superan en mucho los llamados beneficios y amenazan con crecer y volverse irreversibles”, se alerta en el documento.
En virtud de esta situación, el movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero exige a los gobiernos la abolición de las leyes de minería que afectan sus territorios, el respeto a la autodeterminación y a la soberanía de los pueblos, la no criminalización de la lucha por la defensa de la Madre Naturaleza y que divulguen con transparencia la información sobre las concesiones. Además, exigen el cumplimiento del derecho de los pueblos indígenas y de la consulta previa y ciudadana, de acuerdo con el convenio internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
"Reiteramos que en nuestros pueblos tenemos y reconstruimos modos de vida diferentes a la lógica y efectos del modelo extractivo minero depredador. Exigimos y luchamos por el respeto a esos modos de vida y por políticas públicas que respondan, promuevan y faciliten la construcción, ampliación y fortalecimiento de esos modos de vida vinculados con los genuinos intereses de nuestros pueblos y de la naturaleza”, finaliza.
Adital, 15/04/2013
En el análisis, los/las integrantes del movimiento concordaron que en los últimos tiempos ha habido un agravamiento de los conflictos originados por la imposición del modelo extractivo minero en toda la región, así como una mayor concientización y movilización de las comunidades afectadas. Para ellos, el término "minería verde, sustentable y responsable” es sólo un discurso que busca enmascarar y promover la actividad minera.
Las negociaciones entre gobiernos y corporaciones privadas transnacionales ha implicado, según el movimiento, la pérdida de territorios y recursos naturales, además de acciones de imposición, represión y criminalización contra las comunidades afectadas por proyectos mineros de explotación, sobresaliendo la seguridad de los inversores en vez de la protección de la vida y de los derechos humanos.
En un pronunciamiento, el movimiento denunció la utilización de legislaciones y programas de gobierno para atraer inversión extranjera donde, en este medio, la extracción minera explota, contamina el agua, degrada el medio ambiente y promueve la pérdida de la calidad de producción de los suelos, con amparo de leyes que favorecen la impunidad de esas actividades en contra de la soberanía alimentaria y cultural de los pueblos. Ellos también criticaron las reformas de las leyes mineras que violan el derecho internacional como la consulta popular y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos.
Para el movimiento, los privilegios fiscales concedidos a través de reformas fiscales para la actividad minera, alimentan la "falsa idea de desarrollo minero” a cambio de "limosnas” llamadas "regalías”, que nunca remediarán los impactos y daños causados por la explotación. "En contraste con los tamaños de los llamados ‘beneficios’ económicos del modelo extractivo minero depredador, hoy podemos afirmar que los costos de los daños ambientales provocados por la minería trasnacional y trasnacionalizada superan en mucho los llamados beneficios y amenazan con crecer y volverse irreversibles”, se alerta en el documento.
En virtud de esta situación, el movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero exige a los gobiernos la abolición de las leyes de minería que afectan sus territorios, el respeto a la autodeterminación y a la soberanía de los pueblos, la no criminalización de la lucha por la defensa de la Madre Naturaleza y que divulguen con transparencia la información sobre las concesiones. Además, exigen el cumplimiento del derecho de los pueblos indígenas y de la consulta previa y ciudadana, de acuerdo con el convenio internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
"Reiteramos que en nuestros pueblos tenemos y reconstruimos modos de vida diferentes a la lógica y efectos del modelo extractivo minero depredador. Exigimos y luchamos por el respeto a esos modos de vida y por políticas públicas que respondan, promuevan y faciliten la construcción, ampliación y fortalecimiento de esos modos de vida vinculados con los genuinos intereses de nuestros pueblos y de la naturaleza”, finaliza.
Adital, 15/04/2013
