Después del incidente, testigos declararon que el crimen había sido perpetrado por personal de Hidro Santa Cruz, entidad contra la que existe un conflicto social desde su instalación en el municipio. Las autoridades de investigación requirieron a esa empresa los nombres de su personal de seguridad y establecieron que los detenidos eran parte de ella.
El Ministerio Público (MP) detalló que García laboraba como guardia de seguridad de la entidad Ecoener Centrales Hidroeléctricas Guatemaltecas, S. A., sin embargo, indicó que sobre Ortiz no se había establecido si era guardia o piloto.
Mynor Melgar, secretario privado del MP, reiteró que los detenidos habían declarado que trabajaban para Hidro Santa Cruz: “Es una afirmación de ellos mismos y de otros trabajadores de la empresa”.
Alberto Molina Canales, fiscal general en funciones del Ministerio Público (MP), detalló que las declaraciones de los testigos del crimen de Miguel permitieron la elaboración de una foto robot, la cual fue cotejada con la imagen de García López, supuesto autor material del crimen.
El funcionario añadió que se analizaron otros indicios, entre ellos: 4 casquillos calibre 9 milímetros y 2 de calibre 45, cuyas medidas coincidieron con las armas decomisadas en una de las residencias de los detenidos.
Mauricio López Bonilla, jefe de la cartera del Interior, señaló que los capturados estuvieron en el área, antes y durante el crimen, posteriormente huyeron hacia comunidades aledañas a Santa Cruz Barillas.
El Ministro explicó que los sindicados fueron localizados debido a que durante su escape se comunicaron constantemente entre sí, lo que activó las celdas de sus teléfonos celulares y permitió la ubicación exacta.
El pasado 1 de mayo, después de enterarse del asesinato de Pedro Miguel, decenas de pobladores irrumpieron en el destacamento militar del lugar del lugar en donde presuntamente se habían refugiado los responsables del ataque; la turba arremetió contra los soldados que se encontraban en el lugar, algunos resultaron con heridas.
El 2 de mayo el presidente Otto Pérez decretó estado de sitio por los disturbios y el 8 de mayo el Congreso lo ratificó; en el marco de dicha medida pobladores denunciaron numerosos abusos en contra de la población, algunos hombres con órdenes de captura huyeron a las montañas y se reportaron detenciones ilegales de varias personas.
El pasado 18 de mayo el Presidente Pérez anunció que se levantaba el Estado de sitio en Barillas porque se logró restablecer el orden y no por la presión social; el caso generó solidaridad nacional e internacional hacia los habitantes afectados.
Centro de estudios de Guatemala 23-28 de mayo 2012