El documento informa que en 1996, año en que terminó el conflicto interno en Guatemala y se firmaron los Acuerdos de Paz, 47 personas murieron o quedaron heridas como consecuencia de linchamientos. El año 2000, el número llegó a 115 víctimas y, en 2011, hasta el momento, el país ya registra 234 víctimas de linchamiento, o sea, un aumento superior al 100%.
De acuerdo con la ONU, los departamentos con más casos de linchamiento este año son los mismos con mayores índices de agresión que los registrados entre 1996 y 2000: Huehuetenango (24), Quetzaltenango (23), Guatemala (16), Quiché (16), San Marcos (13) y Sololá (9).
El órgano señala que los casos de linchamiento pueden ser considerados herencia del conflicto interno (1960-1996). "La explicación más probable de la persistencia de esta tendencia es que fueron los departamentos más afectados por el conflicto armado interno. Ello implica que la práctica de linchamiento fue aprendida durante el conflicto armado y que de ninguna manera se inscribe en el marco de los sistemas de justicia indígena”, se señala.
En ese sentido, el comunicado considera que la tradición indígena puede ayudar a terminar con los linchamientos, y recomienda al Estado "revitalizar los sistemas indígenas de justicia y sus formas tradicionales de solución de controversias; fortalecer el papel de las autoridades indígenas; acercar la justicia a las zonas rurales y urbanas marginadas y superar los patrones culturales violentos y la existencia de mecanismos sociales autoritarios, siguen constituyendo el camino para erradicar el fenómeno de linchamientos”.
Para el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, los linchamientos tienen origen en el vacío de poder causado por el conflicto interno, sumado a la destrucción de los modelos de convivencia tradicional, a la ruptura del sistema de gobernanza y justicia indígena, y a la imposición de un modelo social militarizado. Él considera la práctica de linchamiento como resultado del incumplimiento del Estado de su deber de proteger a los ciudadanos y ciudadanas.
El relator citó además el caso del ex-alcalde de San Juan Cotzal, departamento de Quiché, acusado de incitar el linchamiento de un policía. En la opinión de Alston, el hecho demuestra la posibilidad de que los linchamientos estén relacionados con la presencia de grupos paralelos de seguridad, que cuentan con una estructura militar, más un elemento heredado del conflicto interno.
Adital, 01/11/2011