Una mesa de diálogo se inició hoy entre el Gobierno de Guatemala y los presidentes de 16 Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) del norte de Huehuetenango para dar solución al conflicto generado por el funcionamiento de la hidroeléctrica en Santa Cruz.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Energía y Minas, “no es factible la cancelación de las licencias de minerías, porque con esto se violenta el derecho de los empresarios y se afectaría a más de 2millones de pobladores que quedarían sin energía eléctrica”.
En la reunión, el Gobierno busca hacer conciencia entre los líderes comunitarios para que no sigan poniendo como condición para el diálogo la cancelación de las licencias, ya que con esto, "miles de pobladores quedarían sin energía eléctrica".
Como testigos de honor en la reunión se encuentran monseñor Álvaro Ramazzini, quien ha sido uno de los promotores del diálogo, junto a Jorge De León, Procurador de los Derechos Humanos. Asiste también Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Marcial Francisco Pedro, representante de los presidentes de los cocodes, afirmó que “la población quiere desarrollo y vivir en paz”.
Mirza Arreaga, diputada por Huehuetenango, expresó que ve a las hidroeléctricas como “una forma de generar desarrollo, pero falta socialización y una correcta legislación para garantizar que eso suceda”.
Mauro Guzmán, congresista por el mismo departamento, opina que una forma de solucionar las diferencias sería preguntar al pueblo.
Siglo21, 18/11/2013
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Energía y Minas, “no es factible la cancelación de las licencias de minerías, porque con esto se violenta el derecho de los empresarios y se afectaría a más de 2millones de pobladores que quedarían sin energía eléctrica”.
En la reunión, el Gobierno busca hacer conciencia entre los líderes comunitarios para que no sigan poniendo como condición para el diálogo la cancelación de las licencias, ya que con esto, "miles de pobladores quedarían sin energía eléctrica".
Como testigos de honor en la reunión se encuentran monseñor Álvaro Ramazzini, quien ha sido uno de los promotores del diálogo, junto a Jorge De León, Procurador de los Derechos Humanos. Asiste también Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Marcial Francisco Pedro, representante de los presidentes de los cocodes, afirmó que “la población quiere desarrollo y vivir en paz”.
Mirza Arreaga, diputada por Huehuetenango, expresó que ve a las hidroeléctricas como “una forma de generar desarrollo, pero falta socialización y una correcta legislación para garantizar que eso suceda”.
Mauro Guzmán, congresista por el mismo departamento, opina que una forma de solucionar las diferencias sería preguntar al pueblo.
Siglo21, 18/11/2013
