El Juzgado de Niñez y Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal de Zacapa declaró al Estado de Guatemala como responsable, en cinco casos judiciales, presentados en noviembre de 2011, por violentar el derecho a la alimentación a cinco menores de edad en Camotán, Chiquimula, una sentencia histórica en el país.
Según la información de elPeriódico, la sentencia destaca que el Estado de Guatemala es responsable, por omisión, de violar el derecho a la alimentación, a la vida, a la vivienda, a la salud, a la educación y al trabajo, no sólo de los cinco niños y niñas sino de sus familias.
Los casos fueron presentados por la Campaña Guatemala Sin Hambre, una entidad que aglutina a 14 organizaciones sociales, y lo que se pretendía era proteger a tres niñas y dos niños con desnutrición crónica, originarios de Cañón Tisipe y Lelá Chancó, comunidades de Camotán.
Gustavo Pernilla, integrante de la Campaña, declaró que las cinco familias fueron identificadas y elegidas, con el fin de llevar los casos a juicio; dadas las características de pobreza extrema en las que viven, era importante llevarlo a la vía jurídica y así sentar precedentes en la violación al derecho de la alimentación, anotó.
Pernilla, dijo, a elPeriódico, que la sentencia manda una solución de carácter integral, en la que deben incluirse acciones de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), la Comisión Presidencial para la Resolución de Conflictos de Tierra (CONTIERRA) y los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Agricultura, entre otros; además se fijaron plazos de uno a tres meses para el cumplimiento de las medidas inmediatas.
Por su parte, Luis Monterroso, titular de la SESAN, indicó, a Prensa Libre, que aunque la demanda fue interpuesta durante el gobierno anterior, la respuesta del actual gobierno y las medidas que dicta la sentencia están incluidas en el Plan Hambre Cero; calificó de histórica la condena.
La información publicada en Plaza Pública destaca que estos procesos judiciales son los primeros de su tipo en Guatemala; son inéditos, pues se demandó al Estado por violar los derechos económicos, sociales y culturales, indica.
Magaly Cano, coordinadora de la Campaña Guatemala Sin Hambre, comentó que cada uno de los casos llevados a juicio tuvo un estudio de viabilidad jurídica, ya que lo que se trataba de demostrar era que existía la violación de derechos y que el Estado era el responsable de vulnerarlos y determinar una serie de medidas para restituirlos.
Cano dijo que la Procuraduría General de la Nación (PGN) jugó un doble papel en los juicios, como defensor de los intereses del Estado y como garante de los derechos de la infancia en Guatemala; por lo que existía la amenaza de que esa entidad tomara como única medida quitar a las familias a los menores de edad, aduciendo que eran sus madres y padres los responsables de la deteriorada salud de ellos y que había que resguardarlos en una institución pública, pero no fue así.
El juez Elvyn René Gutiérrez Romero, estableció el precedente jurídico, al asumir que el Estado, por omisión, era el responsable de violar los derechos de los demandantes, según las resoluciones, tanto las leyes nacionales, como convenios y tratados internacionales, obligan a garantizar una alimentación adecuada de las y los niños.
Finalmente, las sentencias determinan que el Estado no puede presumir de tener una política efectiva de combate a la desnutrición, cuando sus programas tienen enfoques asistencialistas y no con base a derechos humanos esenciales.
Cerigua, 9/07/2013
Según la información de elPeriódico, la sentencia destaca que el Estado de Guatemala es responsable, por omisión, de violar el derecho a la alimentación, a la vida, a la vivienda, a la salud, a la educación y al trabajo, no sólo de los cinco niños y niñas sino de sus familias.
Los casos fueron presentados por la Campaña Guatemala Sin Hambre, una entidad que aglutina a 14 organizaciones sociales, y lo que se pretendía era proteger a tres niñas y dos niños con desnutrición crónica, originarios de Cañón Tisipe y Lelá Chancó, comunidades de Camotán.
Gustavo Pernilla, integrante de la Campaña, declaró que las cinco familias fueron identificadas y elegidas, con el fin de llevar los casos a juicio; dadas las características de pobreza extrema en las que viven, era importante llevarlo a la vía jurídica y así sentar precedentes en la violación al derecho de la alimentación, anotó.
Pernilla, dijo, a elPeriódico, que la sentencia manda una solución de carácter integral, en la que deben incluirse acciones de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), la Comisión Presidencial para la Resolución de Conflictos de Tierra (CONTIERRA) y los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Agricultura, entre otros; además se fijaron plazos de uno a tres meses para el cumplimiento de las medidas inmediatas.
Por su parte, Luis Monterroso, titular de la SESAN, indicó, a Prensa Libre, que aunque la demanda fue interpuesta durante el gobierno anterior, la respuesta del actual gobierno y las medidas que dicta la sentencia están incluidas en el Plan Hambre Cero; calificó de histórica la condena.
La información publicada en Plaza Pública destaca que estos procesos judiciales son los primeros de su tipo en Guatemala; son inéditos, pues se demandó al Estado por violar los derechos económicos, sociales y culturales, indica.
Magaly Cano, coordinadora de la Campaña Guatemala Sin Hambre, comentó que cada uno de los casos llevados a juicio tuvo un estudio de viabilidad jurídica, ya que lo que se trataba de demostrar era que existía la violación de derechos y que el Estado era el responsable de vulnerarlos y determinar una serie de medidas para restituirlos.
Cano dijo que la Procuraduría General de la Nación (PGN) jugó un doble papel en los juicios, como defensor de los intereses del Estado y como garante de los derechos de la infancia en Guatemala; por lo que existía la amenaza de que esa entidad tomara como única medida quitar a las familias a los menores de edad, aduciendo que eran sus madres y padres los responsables de la deteriorada salud de ellos y que había que resguardarlos en una institución pública, pero no fue así.
El juez Elvyn René Gutiérrez Romero, estableció el precedente jurídico, al asumir que el Estado, por omisión, era el responsable de violar los derechos de los demandantes, según las resoluciones, tanto las leyes nacionales, como convenios y tratados internacionales, obligan a garantizar una alimentación adecuada de las y los niños.
Finalmente, las sentencias determinan que el Estado no puede presumir de tener una política efectiva de combate a la desnutrición, cuando sus programas tienen enfoques asistencialistas y no con base a derechos humanos esenciales.
Cerigua, 9/07/2013
