Al mediodía del 23 de marzo de 1982, Ríos Montt, entonces de 56 años, en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, antigua casa de Gobierno, ofrecía sacar al país de la crisis en la que lo había sumido el depuesto presidente Romeo Lucas García.
Flanqueado por los generales Francisco Gordillo y Horacio Maldonado, junto a los que integraba la Junta Militar de Gobierno, y a los que desconoció meses después al declararse Jefe de Estado, Ríos Montt también anunciaba una guerra sin cuartel en contra de las fuerzas guerrilleras.
Ese día hizo “un llamado al campesino a que deje el fusil, agarre el machete y se ponga a trabajar”, aseguró que no habría más asesinados “solo fusilados” y advirtió que las Fuerzas Armadas evitarían el avance del comunismo.
Hoy, 31 años después, y con 86 años de vida, Ríos Montt sigue siendo protagonista de la vida política de este país centroamericano, ahora procesado por las muertes de miles de indígenas ixiles a manos del Ejército durante los meses que estuvo al frente del poder.
Desde el pasado 19 de marzo, junto a su exjefe de Inteligencia Militar, el también general retirado, José Rodríguez, son acusados por la Fiscalía de Derechos Humanos de la muerte de 1 mil 771 ixiles perpetradas en 16 diferentes matanzas colectivas en el denominado Triángulo Ixil, en el departamento de Quiché.
A partir de ese día, Ríos Montt ha escuchado los testimonios de al menos 40 supervivientes de la represión desatada por el Ejército en esa zona del país, con el objetivo, según los planes militares, de “quitar el agua al pez”, es decir, acabar con la base social que los pobladores podrían representar para las fuerzas insurgentes.
Genocidio, por el exterminio de que fueron víctimas los miles de ixiles durante su Gobierno, y deberes contra la humanidad, por las torturas, violaciones sexuales, robos y demás vejámenes en contra de las víctimas, son los delitos que la Fiscalía pretende demostrar que cometieron Ríos Montt y Rodríguez.
De ser encontrados culpables por el tribunal, podrían ser condenados a penas de más de cien años prisión.
El juicio, el primero en realizarse en el país en contra de un exjefe de Estado por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra interna de 36 años que padeció Guatemala entre 1960 y 1996, la cual se saldó con más de 200 mil muertos, podrían prolongarse por al menos dos meses.
Prensa Libre 23/03/2013