Entre los días 14 y 20 de marzo de este año, 14 comunidades indígenas del Valle del Polochic, en el departamento guatemalteco de Alta Verapaz, fueron desalojadas violentamente por fuerzas de seguridad nacional y de seguridad privada de propietarios de tierra. Más de 600 familias perdieron viviendas y plantaciones, motivo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar Medidas Cautelares al Estado de Guatemala, el 20 de junio.
Organizaciones indígenas y campesinas y defensores de los derechos humanos realizaron una rueda de prensa el último día 5 para exigir el cumplimiento inmediato de las Medidas. La CIDH solicita a Guatemala que garantice la vida y la integridad física de los miembros de las comunidades desalojadas, ofrezca alimentación y albergue a las familias desplazadas, e informe sobre las investigaciones acerca del desalojo violento.
La Comisión concedió un plazo de 15 días para que el Estado presente información sobre el cumplimiento de las Medidas Cautelares y determinó que el gobierno debe proporcionar información actualizada periódicamente.
En el comunicado, el Comité de Unidad Campesina (CUC) denuncia que durante el desalojo violento de las comunidades, por el Estado y los empresarios Widmann, dueños de la empresa azucarera Chabil Utzaj, más de 1.400 hectáreas de maíz, poroto, gombo y chile fueron destruidos, además de la quema de casas y pertenencias de los habitantes.
Sin embargo, peor que la destrucción de las plantaciones fue la violencia cometida directamente contra las personas. El número desproporcionado de 2 mil soldados presentes en las acciones de desalojo comprueba los excesos cometidos, denuncia el CUC. Como saldo, la desocupación del área causó la muerte del compañero Antonio Beb y dejó a doce personas heridas, entre ellas una mujer y una niña de apenas 18 meses, que sufrió quemaduras de tercer grado en un brazo debido a una bomba de gas lacrimógeno.
También como consecuencia de la violencia ocurrida en el Valle del Polochic, el 4 de junio fue asesinada la líder de la comunidad Paraná, María Margarita Che Chub. De acuerdo con una nota de la Unión Latinoamericana de Mujeres (Ulam/Guatemala), hombres fuertemente armados invadieron la casa de la militante y la ejecutaron frente a sus dos hijos pequeños.
"(...) hecho de sangre que se suma a todos los hechos de violencia que han continuado desde que el gobierno del Presidente Álvaro Colom Caballeros, a petición de los empresarios del Ingenio Chabil Utzaj S.A., ordenara y ejecutara los desalojos en contra de 14 comunidades del Valle del Polochic desde el 15 de marzo; y que hasta la fecha siguen sufriendo el ataque de las fuerzas de seguridad privada y sicarios de esta empresa”, denuncian las mujeres.
Además de los dueños del Chabil Utzaj, la Ulam señala como culpables de las violaciones a los derechos humanos en la región al Grupo Pellas, de Nicaragua, al gobierno de Guatemala y a las autoridades municipales "por permitir la presencia de fuerzas de seguridad extrajudiciales”.
La nota resalta también la omisión del gobierno, que "ni siquiera se ha dignado a asumir su responsabilidad de atender y mitigar la situación de hambre en que dejó a tanta gente, ni atención de salud a enfermos y heridos, mucho menos a hacer justicia, perseguir y enjuiciar a los responsables, que se conocen públicamente”.
Adital, 07/07/2011
