Escondida en un cráter volcánico y cubierta por la bruma, Chicabal es una laguna rodeada de bosques ubicada en el municipio de San Martín Sacatepéquez, en el departamento altiplánico de Quetzaltenango, a 206 km de Ciudad de Guatemala.
En el 2009, la Asociación de Agricultores Ecológicos (ASAECO) adquirió el terreno donde está ubicada la laguna y empezó una operación de rescate para prohibir el ingreso de vehículos al lugar donde se encuentran numerosos altares usados por chamanes mayas, pero también donde otros agricultores han desarrollado prácticas agrícolas no sostenibles que han provocado una grave deforestación. Actualmente, los turistas sólo pueden visitar Chicabal en la temporada en que su presencia no perturbe las ceremonias religiosas de las comunidades indígenas locales.
Los guías espirituales, o Ajq’ijab, creen que como descendientes directos de los antiguos mayas deben tener acceso irrestricto a todos los lugares de importancia espiritual (existen unos 2,000 de acuerdo con cifras oficiales), así como el derecho de administrarlos y protegerlos, tal como ha hecho ASAECO con la laguna de Chicabal. Esos lugares sagrados incluyen conocidas ruinas como la antigua ciudad de Tikal, y otras ubicadas en bosques, barrancos, montañas, lagos y lagunas en todo el país.
En respuesta a estas preocupaciones, en el 2001 el Ministerio de Cultura y Deporte (MICUDE) y la Secretaría de la Paz (SEPAZ) iniciaron una serie de conversaciones con líderes indígenas para discutir el tema del acceso a los lugares sagrados.
El MICUDE acordó crear una unidad especial para la protección de los lugares sagrados y presentar un proyecto de ley sobre el tema elaborado de acuerdo con los Acuerdos de Paz de 1996 y el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Fue enviado al Congreso en el 2008, el mismo año que el ex presidente Álvaro Colom (2008-2012) inició su mandato.
Representantes indígenas
Max Araujo, experto en legislación cultural, dijo que el proyecto de ley establece que todos los lugares arqueológicos mayas en el territorio guatemalteco ya no serían administrados por el MICUDE sino que estarían a cargo de un Consejo Nacional de Lugares Sagrados en el que participarían representantes indígenas así como expertos en conservación.
Sin embargo, lugares como Tikal, Quiriguá y El Mirador han sido declarados patrimonio nacional o Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y deben ser administrados conjuntamente por el Consejo y MICUDE, que deben adherirse a las directrices internacionales sobre conservación de esos monumentos.
En el 2009, la Asociación de Agricultores Ecológicos (ASAECO) adquirió el terreno donde está ubicada la laguna y empezó una operación de rescate para prohibir el ingreso de vehículos al lugar donde se encuentran numerosos altares usados por chamanes mayas, pero también donde otros agricultores han desarrollado prácticas agrícolas no sostenibles que han provocado una grave deforestación. Actualmente, los turistas sólo pueden visitar Chicabal en la temporada en que su presencia no perturbe las ceremonias religiosas de las comunidades indígenas locales.
Los guías espirituales, o Ajq’ijab, creen que como descendientes directos de los antiguos mayas deben tener acceso irrestricto a todos los lugares de importancia espiritual (existen unos 2,000 de acuerdo con cifras oficiales), así como el derecho de administrarlos y protegerlos, tal como ha hecho ASAECO con la laguna de Chicabal. Esos lugares sagrados incluyen conocidas ruinas como la antigua ciudad de Tikal, y otras ubicadas en bosques, barrancos, montañas, lagos y lagunas en todo el país.
En respuesta a estas preocupaciones, en el 2001 el Ministerio de Cultura y Deporte (MICUDE) y la Secretaría de la Paz (SEPAZ) iniciaron una serie de conversaciones con líderes indígenas para discutir el tema del acceso a los lugares sagrados.
El MICUDE acordó crear una unidad especial para la protección de los lugares sagrados y presentar un proyecto de ley sobre el tema elaborado de acuerdo con los Acuerdos de Paz de 1996 y el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Fue enviado al Congreso en el 2008, el mismo año que el ex presidente Álvaro Colom (2008-2012) inició su mandato.
Representantes indígenas
Max Araujo, experto en legislación cultural, dijo que el proyecto de ley establece que todos los lugares arqueológicos mayas en el territorio guatemalteco ya no serían administrados por el MICUDE sino que estarían a cargo de un Consejo Nacional de Lugares Sagrados en el que participarían representantes indígenas así como expertos en conservación.
Sin embargo, lugares como Tikal, Quiriguá y El Mirador han sido declarados patrimonio nacional o Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y deben ser administrados conjuntamente por el Consejo y MICUDE, que deben adherirse a las directrices internacionales sobre conservación de esos monumentos.
El proyecto de ley precisa que está prohibido extraer objetos sagrados de un lugar sin consentimiento del Consejo, y que quienes destruyan lugares sagrados serán demandados judicialmente y dependiendo de la gravedad del daño serán castigados con multas o cárcel. El Consejo puede actuar legalmente como procurador en tales casos. Además, todas las investigaciones científicas deben ser conducidas bajo supervisión del MICUDE y el Consejo.
Otra cláusula establece que los proyectos mineros y petroleros deben evitar causar daños a esos lugares y reforestar cualquier área que haya sufrido daños como resultados de esos proyectos, pero no les prohíbe operar cerca de los lugares sagrados.
En el Congreso el proyecto de ley ya ha sido aprobado por la Comisión de Pueblos Indígenas y la Comisión Específica para la Paz y el Desminado. Sin embargo, cuatro años después de haber sido presentado, el proyecto permanece estancado debido a que los accesos a lugares espirituales ubicados en propiedades privadas constituyen un tema espinoso, explica Araujo, ya que esas tierras deben ser expropiadas y entregadas al Consejo, y se debe compensar adecuadamente a los propietarios.
Aunque el ex presidente Colom fue ordenado como chamán maya y su discurso oficial aludía con frecuencia al multiculturalismo, ninguno de los proyectos de ley que abordaban los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo uno sobre desarrollo rural o el de los lugares sagrados, fueron priorizados.
Conversaciones sin rumboPara reducir las tensiones entre el gobierno y organizaciones indígenas y campesinas sobre una serie de temas que incluían desalojos de tierras, el perjudicial impacto de la minería a cielo abierto y las represas hidroeléctricas, y por el hecho de que los mencionados proyectos de ley continuaban estancados, en febrero del 2010 el gobierno estableció el Sistema Nacional de Diálogo Permanente que incluía a una serie de organizaciones de la sociedad civil.Durante las conversaciones, el sector privado se opuso repetidamente a la Ley de Lugares Sagrados.
“La iniciativa contiene amenazas y violaciones flagrantes al derecho de la propiedad privada”, manifestó la Cámara de la Industria.
Por otro lado, líderes indígenas han insistido que no aprobar la ley constituiría una violación de los Acuerdos de Paz de 1996 y el Convenio 169 de la OIT y sería claramente discriminatorio, ya que se negaría el acceso a los mayas a espacios para ceremonias espirituales.
En el 2011 se acercaban las elecciones generales, no se había llegado a ningún consenso y quedó claro que el objetivo de esas conversaciones era prolongar la cuestión indefinidamente. Actualmente, el proyecto de ley sobre sitios sagrados sigue acumulando polvo en los archivos legislativos, y el Congreso se encuentra dividido equitativamente entre el oficialista Partido Patriota, de derecha, y una frágil coalición de partidos de oposición, y hasta ahora ninguno de sus integrantes ha expresado algún interés para ponerlo en agenda.
Con un nuevo presidente en funciones, el general retirado Otto Pérez Molina, quien niega que haya habido un genocidio contra la población indígena, las organizaciones indígenas creen que este importante instrumento legal ha sufrido un serio retroceso y que ahora deberán enfrentar una dura lucha para asegurar su aprobación.
Noticias Aliadas, 03/02/2012
Otra cláusula establece que los proyectos mineros y petroleros deben evitar causar daños a esos lugares y reforestar cualquier área que haya sufrido daños como resultados de esos proyectos, pero no les prohíbe operar cerca de los lugares sagrados.
En el Congreso el proyecto de ley ya ha sido aprobado por la Comisión de Pueblos Indígenas y la Comisión Específica para la Paz y el Desminado. Sin embargo, cuatro años después de haber sido presentado, el proyecto permanece estancado debido a que los accesos a lugares espirituales ubicados en propiedades privadas constituyen un tema espinoso, explica Araujo, ya que esas tierras deben ser expropiadas y entregadas al Consejo, y se debe compensar adecuadamente a los propietarios.
Aunque el ex presidente Colom fue ordenado como chamán maya y su discurso oficial aludía con frecuencia al multiculturalismo, ninguno de los proyectos de ley que abordaban los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo uno sobre desarrollo rural o el de los lugares sagrados, fueron priorizados.
Conversaciones sin rumboPara reducir las tensiones entre el gobierno y organizaciones indígenas y campesinas sobre una serie de temas que incluían desalojos de tierras, el perjudicial impacto de la minería a cielo abierto y las represas hidroeléctricas, y por el hecho de que los mencionados proyectos de ley continuaban estancados, en febrero del 2010 el gobierno estableció el Sistema Nacional de Diálogo Permanente que incluía a una serie de organizaciones de la sociedad civil.Durante las conversaciones, el sector privado se opuso repetidamente a la Ley de Lugares Sagrados.
“La iniciativa contiene amenazas y violaciones flagrantes al derecho de la propiedad privada”, manifestó la Cámara de la Industria.
Por otro lado, líderes indígenas han insistido que no aprobar la ley constituiría una violación de los Acuerdos de Paz de 1996 y el Convenio 169 de la OIT y sería claramente discriminatorio, ya que se negaría el acceso a los mayas a espacios para ceremonias espirituales.
En el 2011 se acercaban las elecciones generales, no se había llegado a ningún consenso y quedó claro que el objetivo de esas conversaciones era prolongar la cuestión indefinidamente. Actualmente, el proyecto de ley sobre sitios sagrados sigue acumulando polvo en los archivos legislativos, y el Congreso se encuentra dividido equitativamente entre el oficialista Partido Patriota, de derecha, y una frágil coalición de partidos de oposición, y hasta ahora ninguno de sus integrantes ha expresado algún interés para ponerlo en agenda.
Con un nuevo presidente en funciones, el general retirado Otto Pérez Molina, quien niega que haya habido un genocidio contra la población indígena, las organizaciones indígenas creen que este importante instrumento legal ha sufrido un serio retroceso y que ahora deberán enfrentar una dura lucha para asegurar su aprobación.
Noticias Aliadas, 03/02/2012
