El Banco Mundial (Bird) tiene un largo historial de financiamiento de obras que vulneran los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo y, en Guatemala, la situación no es diferente. La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) está divulgando un comunicado rememorando los proyectos financiados por el Bird que amenazaron y todavía amenazan la existencia de los pueblos indígenas, en nombre de un "desarrollo neocolonialista”.
Entre los hechos recientes, el último 30 de julio, el Banco descartó las sugerencias de organizaciones sociales acerca de su nueva política, denominada Standard Ambiental y Social (ES7). La salvaguarda ES7, evalúa la Ofraneh, representa un retroceso de décadas de negociaciones, pues permite a los Estados-naciones descartar su aplicación en situaciones en las que "la identificación como pueblos indígenas podrá exacerbar las tensiones étnicas, o sea, incompatible con las disposiciones de la Constitución nacional". Así, el Banco Mundial esquiva sus obligaciones referentes a los pueblos indígenas y al derecho internacional, como indica el punto 9 de la salvaguarda ES7.
"La diluida aplicación del derecho a la Consulta-Consentimiento, Previo, Libre e Informado (CPLI) se convierte en una de las mayores amenazas para los pueblos indígenas, ante las inconsistencias en materia de derechos humanos que plaga a las mayoría de los estados-nación, los que rehúsan en múltiples ocasiones reconocer los derechos de los pueblos indígenas a pesar de haber ratificado el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobe los derechos de los Pueblos indígenas”, alerta la Ofraneh
Retrocediendo algunos años, la Organización recuerda que el año 1984 marcó un capítulo nefasto en la historia de Guatemala. En aquel año, el Ejército guatemalteco exterminó a la población maya-achi del Río Negro, en Baja Verapaz. En las masacres de Río Negro, Aldea Xococ, Pacoxon, Los Encuentros y Agua Fría, cerca de 400 indígenas fueron asesinados y 3.445 fueron desplazados forzadamente. El etnocidio fue fruto de la construcción de la represa del Chixoy, financiada por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A pesar de las denuncias presentadas en contra del Gobierno de Guatemala y de los llamados efectuados ante el Bird y el BID, la construcción de la represa continuó y fue finalizada en 1985. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió una sentencia condenando al Estado de Guatemala, sin embargo, hasta ahora, nada se hizo.
Aún después de la masacre de Chixoy y conciente de las violaciones a los pueblos indígenas, el Banco Mundial concedió un préstamo de más de 450 millones de dólares para la construcción de la represa de Sardar Sarovar, en el río Narmada, India, que afectó al pueblo Adivasi, desplazando a más de 200 mil personas.
La Ofraneh también recuerda que el Bird respaldó, entre 1979 y 1988, en Paraguay, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, la construcción de la mega-represa de Yaciretá. El monto del valor aplicado a la obra superó los 11 mil millones de dólares y desplazó a más de 100 mil indígenas y campesinos, que nunca fueron compensados por los daños.
Existe el temor de que el Banco Mundial inicie una nueva etapa de falta de respeto sistemático a los derechos de los pueblos indígenas y se revivan momentos, como el de la masacre de Chixoy. La Ofraneh señala que el Bird tiene un fondo de 60 mil millones de dólares orientado al financiamiento de megaproyectos, muchos de los cuales están relacionados con la construcción de represas e hidroeléctricas, situación que podrá transformarse en un "holocausto para los pueblos indígenas”.
Adital 8/09/2014
Entre los hechos recientes, el último 30 de julio, el Banco descartó las sugerencias de organizaciones sociales acerca de su nueva política, denominada Standard Ambiental y Social (ES7). La salvaguarda ES7, evalúa la Ofraneh, representa un retroceso de décadas de negociaciones, pues permite a los Estados-naciones descartar su aplicación en situaciones en las que "la identificación como pueblos indígenas podrá exacerbar las tensiones étnicas, o sea, incompatible con las disposiciones de la Constitución nacional". Así, el Banco Mundial esquiva sus obligaciones referentes a los pueblos indígenas y al derecho internacional, como indica el punto 9 de la salvaguarda ES7.
"La diluida aplicación del derecho a la Consulta-Consentimiento, Previo, Libre e Informado (CPLI) se convierte en una de las mayores amenazas para los pueblos indígenas, ante las inconsistencias en materia de derechos humanos que plaga a las mayoría de los estados-nación, los que rehúsan en múltiples ocasiones reconocer los derechos de los pueblos indígenas a pesar de haber ratificado el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobe los derechos de los Pueblos indígenas”, alerta la Ofraneh
Retrocediendo algunos años, la Organización recuerda que el año 1984 marcó un capítulo nefasto en la historia de Guatemala. En aquel año, el Ejército guatemalteco exterminó a la población maya-achi del Río Negro, en Baja Verapaz. En las masacres de Río Negro, Aldea Xococ, Pacoxon, Los Encuentros y Agua Fría, cerca de 400 indígenas fueron asesinados y 3.445 fueron desplazados forzadamente. El etnocidio fue fruto de la construcción de la represa del Chixoy, financiada por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A pesar de las denuncias presentadas en contra del Gobierno de Guatemala y de los llamados efectuados ante el Bird y el BID, la construcción de la represa continuó y fue finalizada en 1985. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió una sentencia condenando al Estado de Guatemala, sin embargo, hasta ahora, nada se hizo.
Aún después de la masacre de Chixoy y conciente de las violaciones a los pueblos indígenas, el Banco Mundial concedió un préstamo de más de 450 millones de dólares para la construcción de la represa de Sardar Sarovar, en el río Narmada, India, que afectó al pueblo Adivasi, desplazando a más de 200 mil personas.
La Ofraneh también recuerda que el Bird respaldó, entre 1979 y 1988, en Paraguay, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, la construcción de la mega-represa de Yaciretá. El monto del valor aplicado a la obra superó los 11 mil millones de dólares y desplazó a más de 100 mil indígenas y campesinos, que nunca fueron compensados por los daños.
Existe el temor de que el Banco Mundial inicie una nueva etapa de falta de respeto sistemático a los derechos de los pueblos indígenas y se revivan momentos, como el de la masacre de Chixoy. La Ofraneh señala que el Bird tiene un fondo de 60 mil millones de dólares orientado al financiamiento de megaproyectos, muchos de los cuales están relacionados con la construcción de represas e hidroeléctricas, situación que podrá transformarse en un "holocausto para los pueblos indígenas”.
Adital 8/09/2014
