Pobladores de comunidades damnificadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy exigen al Gobierno una pronta reparación de los daños que se les causó con esa obra y que así cumplan con lo que establece la Ley de Asignaciones Consolidadas promulgada en Estados Unidos este año, que condiciona la ayuda militar y económica para el país si no se tienen avances creíbles en esa materia y en la de adopciones.
Juan de Dios García, directivo de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, comentó que para dar paso a esa obra, 33 comunidades de las Verapaces fueron desalojadas y despojadas de sus tierras, cultivos, ganado, identidad y cultura.
Añadió que durante ese proceso el área más afectada fue Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz, donde 444 campesinos fueron masacrados por negarse a entregar sus tierras.
Refirió que el Gobierno de Guatemala ahora está supuestamente interesado en la reparación de daños, pero es únicamente debido al primer informe de los departamentos de Estado y del Tesoro de EE. UU. sobre la carencia de avances en Guatemala respecto del plan de reparaciones por Chixoy y las adopciones.
García aseguró que el Estado no ha tenido intención de promover un diálogo, y mucho menos de hacer esfuerzos por el cumplimiento del plan de reparación económica.
“El informe —que pueda presentar el Gobierno— no puede llevar nada de información, debido a que no hay ningún acercamiento con las comunidades afectadas, por lo que pedimos al Gobierno de Estados Unidos que no se deje llevar por un informe falso e invitamos a que vengan a nuestras comunidades y observen bajo qué condiciones se vive en estos momentos”, agregó García.
Señaló que pide que organismos internacionales y de derechos humanos hagan una evaluación del problema, pues las declaraciones de funcionarios guatemaltecos solo evidencian la postura represiva y de choque que tiene el Gobierno actual, y esto puede llevar a intimidaciones a los sobrevivientes de las masacres ocurridas por la construcción de Chixoy.
Postura abusiva
Carlos Chen, uno de los sobrevivientes de las masacres, indicó que la postura del Gobierno es abusiva y fuera de la búsqueda de cualquier diálogo.
“El Estado asegura que no hay presupuesto para resarcir a las víctimas, pero en realidad lo que ocurre es que no tienen voluntad política”, dijo Chen.
Exhortó a los representantes de los bancos Mundial y Interamericano de Desarrollo a que también accionen para reparar esos daños, pues ellos fueron los que financiaron al Gobierno, pese a que masacró a 444 personas.
“Pedimos a los hermanos que habitan en los lugares donde se autorizó la construcción de la hidroeléctrica Xalalá para que no se dejen engañar y que no permitan hacer ningún proyecto hasta que no se vean las reparaciones de los afectados por la construcción de Chixoy”, puntualizó Chen.
Patrocinia Sánchez, sobreviviente de una masacre, dijo que se reunirán con los afectados por la construcción de Chixoy, y que si el Gobierno no cumple con resarcir a las víctimas, ocuparán la hidroeléctrica.
Recursos parciales
El presidente Otto Pérez Molina comentó ayer que buscará firmar, “lo más pronto posible”, el plan de reparaciones del 2010 para las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.
Recordó que ese plan requiere de Q1 mil 200 millones en un plazo de 10 años, es decir, Q120 millones anuales. Explicó que de esa cantidad, ya están identificados Q20 millones incluidos en el Presupuesto del 2014 para resarcimiento, y que se usarán para un programa de electrificación en esas poblaciones.
Aparte, el ministro de la Defensa, Manuel López Ambrosio, afirmó que los programas de capacitación del Gobierno de EE. UU. se encuentran suspendidos. Para este año se había programado el entrenamiento de al menos 35 oficiales del Ejército en la reparación y mantenimiento de equipo aéreo y lacustre.
“Hay aspectos en lo que nosotros no tenemos la capacidad de dar ese entrenamiento, y por supuesto que sí nos afecta”, precisó el funcionario, aunque agregó que se mantendrá el combate del narcotráfico.
Prensa Libre 20/02/14
Juan de Dios García, directivo de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, comentó que para dar paso a esa obra, 33 comunidades de las Verapaces fueron desalojadas y despojadas de sus tierras, cultivos, ganado, identidad y cultura.
Añadió que durante ese proceso el área más afectada fue Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz, donde 444 campesinos fueron masacrados por negarse a entregar sus tierras.
Refirió que el Gobierno de Guatemala ahora está supuestamente interesado en la reparación de daños, pero es únicamente debido al primer informe de los departamentos de Estado y del Tesoro de EE. UU. sobre la carencia de avances en Guatemala respecto del plan de reparaciones por Chixoy y las adopciones.
García aseguró que el Estado no ha tenido intención de promover un diálogo, y mucho menos de hacer esfuerzos por el cumplimiento del plan de reparación económica.
“El informe —que pueda presentar el Gobierno— no puede llevar nada de información, debido a que no hay ningún acercamiento con las comunidades afectadas, por lo que pedimos al Gobierno de Estados Unidos que no se deje llevar por un informe falso e invitamos a que vengan a nuestras comunidades y observen bajo qué condiciones se vive en estos momentos”, agregó García.
Señaló que pide que organismos internacionales y de derechos humanos hagan una evaluación del problema, pues las declaraciones de funcionarios guatemaltecos solo evidencian la postura represiva y de choque que tiene el Gobierno actual, y esto puede llevar a intimidaciones a los sobrevivientes de las masacres ocurridas por la construcción de Chixoy.
Postura abusiva
Carlos Chen, uno de los sobrevivientes de las masacres, indicó que la postura del Gobierno es abusiva y fuera de la búsqueda de cualquier diálogo.
“El Estado asegura que no hay presupuesto para resarcir a las víctimas, pero en realidad lo que ocurre es que no tienen voluntad política”, dijo Chen.
Exhortó a los representantes de los bancos Mundial y Interamericano de Desarrollo a que también accionen para reparar esos daños, pues ellos fueron los que financiaron al Gobierno, pese a que masacró a 444 personas.
“Pedimos a los hermanos que habitan en los lugares donde se autorizó la construcción de la hidroeléctrica Xalalá para que no se dejen engañar y que no permitan hacer ningún proyecto hasta que no se vean las reparaciones de los afectados por la construcción de Chixoy”, puntualizó Chen.
Patrocinia Sánchez, sobreviviente de una masacre, dijo que se reunirán con los afectados por la construcción de Chixoy, y que si el Gobierno no cumple con resarcir a las víctimas, ocuparán la hidroeléctrica.
Recursos parciales
El presidente Otto Pérez Molina comentó ayer que buscará firmar, “lo más pronto posible”, el plan de reparaciones del 2010 para las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.
Recordó que ese plan requiere de Q1 mil 200 millones en un plazo de 10 años, es decir, Q120 millones anuales. Explicó que de esa cantidad, ya están identificados Q20 millones incluidos en el Presupuesto del 2014 para resarcimiento, y que se usarán para un programa de electrificación en esas poblaciones.
Aparte, el ministro de la Defensa, Manuel López Ambrosio, afirmó que los programas de capacitación del Gobierno de EE. UU. se encuentran suspendidos. Para este año se había programado el entrenamiento de al menos 35 oficiales del Ejército en la reparación y mantenimiento de equipo aéreo y lacustre.
“Hay aspectos en lo que nosotros no tenemos la capacidad de dar ese entrenamiento, y por supuesto que sí nos afecta”, precisó el funcionario, aunque agregó que se mantendrá el combate del narcotráfico.
Prensa Libre 20/02/14
