El dictador José Efraín Ríos Montt, que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983 y que fue condenado por genocidio y delitos de guerra, puede estar cerca de quedar libre de las acusaciones. Esto porque la Corte Constitucional apoyó, el último miércoles, 24 de octubre, la retroactividad de la amnistía general adoptada en el país en 1986, lo que abre precedente para la liberación del general de 87 años. La noticia generó críticas de parte de organizaciones de derechos humanos de dentro y fuera del país.
Amnistía Internacional (AI) afirma que una eventual amnistía de Ríos Montt sería una "farsa judicial”. En un comunicado, Sebastián Elgueta, investigador para Guatemala de AI, alerta: "Esta nueva evolución es alarmante. Si se confirma, el país habrá retrocedido varias décadas. Las amnistías nunca pueden ser aplicadas al genocidio y a los delitos contra la humanidad”, manifiesta, agregando que la decisión beneficiará también a otros condenados por desapariciones forzadas, violencia sexual, tortura y asesinatos.
En ese contexto, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) está solicitando a los parlamentos de los 28 Estados de la Unión Europea que no ratifiquen el Acuerdo de Asociación Unión Europea - América Central. En un comunicado, la FIDH manifiesta su consternación ante la decisión judicial y cuestiona la independencia e imparcialidad de la Corte Constitucional.
La Fundación Rigoberta Menchú también se manifestó pidiendo cautela y alertando para que no haya una interpretación equivocada de la información divulgada por la Corte Constitucional. Aún así, pide a la sociedad guatemalteca que se mantenga alerta sobre las posibles maniobras de la Corte y para que reivindique que todas las personas sean juzgadas respetándose la Constitución Política y el derecho internacional, para que delitos de cualquier naturaleza no queden impunes.
Cabe recordar que la Corte no concedió la amnistía, pero pidió a la jueza de Mayor Riesgo "A”, Patricia Flores, que emita una resolución fundamentando por qué acepta el pedido de anulación de pena realizado por la defensa del militar. Las críticas residen en el hecho de que, al evaluarse los argumentos de la defensa, existe la posibilidad de amnistía al dictador.
El artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, de 1996, en que se prevé la amnistía para delitos políticos cometidos durante el conflicto armado interno, limita el alcance de ese beneficio, de modo que deja en claro que "la extinción de la responsabilidad penal a que se refiere la ley no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como a los delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal de conformidad con el derecho interno a los tratados internacionales ratificados por Guatemala”.
Ríos Montt gobernó Guatemala del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983. En ese corto período, la represión militar fue intensa en contra de comunidades indígenas ixiles, etnia que representa uno de los menores grupos maya sobrevivientes del país. Se estima que, en este casi año y medio de gobierno del general, 1.771 indígenas fueron asesinados.
El dictador fue condenado en mayo de este año a 80 años de prisión. Sin embargo, 10 días después, la decisión judicial fue anulada por la Corte Constitucional por errores de procedimiento, que por ese motivo, el proceso volvió a abrirse. Ríos Montt se encuentra hoy con prisión domiciliaria esperando el resultado de su proceso judicial. Un nuevo juicio va a comenzar en abril de 2014.
Adital, 25/10/013
Amnistía Internacional (AI) afirma que una eventual amnistía de Ríos Montt sería una "farsa judicial”. En un comunicado, Sebastián Elgueta, investigador para Guatemala de AI, alerta: "Esta nueva evolución es alarmante. Si se confirma, el país habrá retrocedido varias décadas. Las amnistías nunca pueden ser aplicadas al genocidio y a los delitos contra la humanidad”, manifiesta, agregando que la decisión beneficiará también a otros condenados por desapariciones forzadas, violencia sexual, tortura y asesinatos.
En ese contexto, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) está solicitando a los parlamentos de los 28 Estados de la Unión Europea que no ratifiquen el Acuerdo de Asociación Unión Europea - América Central. En un comunicado, la FIDH manifiesta su consternación ante la decisión judicial y cuestiona la independencia e imparcialidad de la Corte Constitucional.
La Fundación Rigoberta Menchú también se manifestó pidiendo cautela y alertando para que no haya una interpretación equivocada de la información divulgada por la Corte Constitucional. Aún así, pide a la sociedad guatemalteca que se mantenga alerta sobre las posibles maniobras de la Corte y para que reivindique que todas las personas sean juzgadas respetándose la Constitución Política y el derecho internacional, para que delitos de cualquier naturaleza no queden impunes.
Cabe recordar que la Corte no concedió la amnistía, pero pidió a la jueza de Mayor Riesgo "A”, Patricia Flores, que emita una resolución fundamentando por qué acepta el pedido de anulación de pena realizado por la defensa del militar. Las críticas residen en el hecho de que, al evaluarse los argumentos de la defensa, existe la posibilidad de amnistía al dictador.
El artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, de 1996, en que se prevé la amnistía para delitos políticos cometidos durante el conflicto armado interno, limita el alcance de ese beneficio, de modo que deja en claro que "la extinción de la responsabilidad penal a que se refiere la ley no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como a los delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal de conformidad con el derecho interno a los tratados internacionales ratificados por Guatemala”.
Ríos Montt gobernó Guatemala del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983. En ese corto período, la represión militar fue intensa en contra de comunidades indígenas ixiles, etnia que representa uno de los menores grupos maya sobrevivientes del país. Se estima que, en este casi año y medio de gobierno del general, 1.771 indígenas fueron asesinados.
El dictador fue condenado en mayo de este año a 80 años de prisión. Sin embargo, 10 días después, la decisión judicial fue anulada por la Corte Constitucional por errores de procedimiento, que por ese motivo, el proceso volvió a abrirse. Ríos Montt se encuentra hoy con prisión domiciliaria esperando el resultado de su proceso judicial. Un nuevo juicio va a comenzar en abril de 2014.
Adital, 25/10/013
