Líderes de San Juan Sacatepéquez niegan haber solicitado brigada militar. Ramazzini indica que el Presidente aseguró que instalarían donde fuera solicitado.
Organizaciones campesinas criticaron las últimas decisiones anunciadas por los organismos Legislativo y Ejecutivo, de instalar dos nuevas brigadas militares y retirar la discusión de la Ley de Desarrollo Rural de la agenda del Congreso. “Para nosotros significa el incumplimiento de honrar los compromisos que el Gobierno asumió con las organizaciones campesinas y populares. Hay testigos de honor de estos compromisos”, dijo Aparicio Pérez, líder indígena.
En San Juan Sacatepéquez, cerca de 500 líderes y alcaldes comunitarios se reunieron ayer frente a la municipalidad para rechazar la instalación de la brigada Alejandro Gramajo, anunciada por el Ministerio de Defensa la semana última, que contará con 500 efectivos. Entre otros aspectos, solicitaron al alcalde de este municipio que hiciera público el rechazo a esta brigada, tal como les prometió, y que hiciera constar en acta del concejo la oposición de las autoridades indígenas.
“Brigadas a petición de los ciudadanos”
“Es una información sorprendente. Nosotros en ningún momento solicitamos una brigada militar, y ya trasladamos al Presidente que San Juan no está dispuesto para recibir una. En esa mesa él se comprometió en decir que no la iba a instalar donde había intereses de una empresa minera”, aseguró Mauro Cotzajay, vocero de las 12 comunidades indígenas de San Juan Sacatepéquez.
El obispo de la Diócesis de San Marcos, monseñor Álvaro Ramazzini, quien actuó como testigo de honor en esta reunión, confirmó estas palabras. “El Presidente dijo que instalarían brigadas si la población lo pedía”, dijo.
Para Cotzajay, la instalación de esta brigada responde a los intereses de la cementera y no de la criminalidad, para la cual- aseguró- San Juan ya creó juntas de seguridad a petición del Viceministerio Comunitario de Prevención del Delito, dependiente de Gobernación.
Diputados velan por sus intereses
En cuanto a la Ley de Desarrollo Rural, según consta en un documento del 27 de marzo firmado por todos los jefes de bancada, éstos se comprometieron a conocerla de urgencia en el pleno. La propuesta de ley, sin embargo, fue retirada de la agenda por el Partido Patriota, Creo, FRG y UCN, al tiempo que proponían un nuevo paquete de leyes económicas.
Para Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC), uno de los aspectos que influyó en esta decisión fue el campo pagado por la Cámara del Agro donde aseguraban que le Ley de Desarrollo Rural “contiene una serie de inconstitucionalidades”.
"Lamentablemente este Congreso, en el que hay nuevos diputados, comete los mismos errores que los anteriores. Es decir, que le dan más importancia a sus intereses personales o políticos partidistas que a las necesidades reales en Guatemala", agregó Ramazzini.
El Periodico, 18/04/2012
Organizaciones campesinas criticaron las últimas decisiones anunciadas por los organismos Legislativo y Ejecutivo, de instalar dos nuevas brigadas militares y retirar la discusión de la Ley de Desarrollo Rural de la agenda del Congreso. “Para nosotros significa el incumplimiento de honrar los compromisos que el Gobierno asumió con las organizaciones campesinas y populares. Hay testigos de honor de estos compromisos”, dijo Aparicio Pérez, líder indígena.
En San Juan Sacatepéquez, cerca de 500 líderes y alcaldes comunitarios se reunieron ayer frente a la municipalidad para rechazar la instalación de la brigada Alejandro Gramajo, anunciada por el Ministerio de Defensa la semana última, que contará con 500 efectivos. Entre otros aspectos, solicitaron al alcalde de este municipio que hiciera público el rechazo a esta brigada, tal como les prometió, y que hiciera constar en acta del concejo la oposición de las autoridades indígenas.
“Brigadas a petición de los ciudadanos”
“Es una información sorprendente. Nosotros en ningún momento solicitamos una brigada militar, y ya trasladamos al Presidente que San Juan no está dispuesto para recibir una. En esa mesa él se comprometió en decir que no la iba a instalar donde había intereses de una empresa minera”, aseguró Mauro Cotzajay, vocero de las 12 comunidades indígenas de San Juan Sacatepéquez.
El obispo de la Diócesis de San Marcos, monseñor Álvaro Ramazzini, quien actuó como testigo de honor en esta reunión, confirmó estas palabras. “El Presidente dijo que instalarían brigadas si la población lo pedía”, dijo.
Para Cotzajay, la instalación de esta brigada responde a los intereses de la cementera y no de la criminalidad, para la cual- aseguró- San Juan ya creó juntas de seguridad a petición del Viceministerio Comunitario de Prevención del Delito, dependiente de Gobernación.
Diputados velan por sus intereses
En cuanto a la Ley de Desarrollo Rural, según consta en un documento del 27 de marzo firmado por todos los jefes de bancada, éstos se comprometieron a conocerla de urgencia en el pleno. La propuesta de ley, sin embargo, fue retirada de la agenda por el Partido Patriota, Creo, FRG y UCN, al tiempo que proponían un nuevo paquete de leyes económicas.
Para Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC), uno de los aspectos que influyó en esta decisión fue el campo pagado por la Cámara del Agro donde aseguraban que le Ley de Desarrollo Rural “contiene una serie de inconstitucionalidades”.
"Lamentablemente este Congreso, en el que hay nuevos diputados, comete los mismos errores que los anteriores. Es decir, que le dan más importancia a sus intereses personales o políticos partidistas que a las necesidades reales en Guatemala", agregó Ramazzini.
El Periodico, 18/04/2012
